El autor cuestiona la actitud del gobierno español de defender a la empresa transnacional Repsol-YPF en Bolivia, a pesar de que la participación accionaria española en la empresa es minoritaria. Señala que, aunque el gobierno español ha adoptado una postura firme en favor de Repsol-YPF en sus disputas legales con Bolivia, este apoyo parece contradecir los intereses del pueblo boliviano, que ha sufrido históricamente por la explotación de sus recursos naturales. El autor critica que el gobierno español ponga los intereses de una empresa privada, sin participación mayoritaria estatal, por encima de las necesidades de un pueblo empobrecido.
El artículo plantea dos puntos fundamentales: primero, que el gobierno español prioriza los intereses de una empresa privada sobre los de Bolivia, un país con altos índices de pobreza, y segundo, que la defensa de Repsol-YPF sería más comprensible si esta fuera una empresa de capital mayoritariamente español. En este caso, el gobierno podría justificar su postura como la defensa de una compañía nacional, aunque esto sería moralmente cuestionable, dados los efectos adversos de estas empresas sobre las economías locales y la justicia social.
