La falta de claridad en los porcentajes de distribución de regalías, impuestos y utilidades de los 200 millones de dólares anuales proyectados por la explotación del hierro del Mutún, hace suponer que se mantendrá el actual modelo de repartición. Un acuerdo preliminar entre el gobierno y la empresa india Jindal Steel & Power fue firmado el 14 de agosto, con la promesa de generar 10 mil empleos directos y 30 mil indirectos. Sin embargo, este acuerdo ha sido impulsado bajo fuertes presiones regionales y la urgencia del gobierno, sin una revisión técnica adecuada ni una política pública integral en torno a la explotación de los recursos naturales.
El contrato de explotación del Mutún ha generado diversos análisis, algunos optimistas y otros pesimistas. La falta de una política minera integral y la presión de actores locales, como los Comités Cívicos de Santa Cruz y la provincia Germán Busch, han llevado a una firma apresurada sin evaluar completamente los aspectos socioeconómicos y técnicos. La principal duda es si el gobierno ha considerado adecuadamente la relación costo-beneficio, y si esta decisión contribuirá realmente al desarrollo del país, o si, por el contrario, es una medida reactiva para evitar conflictos internos sin un marco regulatorio coherente.
