En el pasado, las regiones productoras de hidrocarburos, los Comités Cívicos y las prefecturas fueron claves en la política de privatización, lo que generó un fuerte vínculo entre las necesidades regionales y los intereses del capital transnacional. Sin embargo, la imposición de estas mismas regiones ha puesto en peligro la recuperación de los recursos naturales. Recientemente, el gobierno intentó modificar la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) sin éxito, enfrentándose a la oposición de los movimientos cívicos de los departamentos productores. Esto resalta la articulación entre la privatización de la industria y las necesidades regionales, que dificultan la implementación de políticas restrictivas a la inversión extranjera y favorecen la participación del sector privado.
Desde la nacionalización parcial de la industria de hidrocarburos, los movimientos cívicos han defendido la inversión privada, ya que las prefecturas de los departamentos productores han sido beneficiadas con la distribución de regalías. Las leyes como la Nº 1689 y la de Sánchez de Lozada favorecieron a las regiones productoras, incrementando sus ingresos, mientras que el Tesoro General de la Nación (TGN) experimentó una disminución en sus recursos. Este contexto refleja cómo la privatización ha consolidado los intereses regionales en detrimento de las políticas nacionales.
