En Bolivia, el régimen de precios de los hidrocarburos ha sido un tema central en las políticas energéticas, especialmente bajo el gobierno de Evo Morales. Este sistema, que vincula los precios internos de productos derivados del petróleo como gasolina, diesel, Gas Licuado de Petróleo (GLP), y otros, con los precios internacionales, sigue una lógica de mercado que se basa en las fluctuaciones del mercado global. Los precios son ajustados de acuerdo con los informes diarios del Platt’s Oilgram Price Report, reflejando las cotizaciones del petróleo en mercados internacionales como los de Estados Unidos.
Esta medida tiene su origen en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y fue una de las principales estrategias para la capitalización de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), lo que permitió que las empresas transnacionales vendieran petróleo a precios internacionales en el mercado interno.
En la práctica, las empresas petroleras venden el crudo a las refinerías a precios determinados por el promedio de las cotizaciones internacionales, especialmente el West Texas Intermediate (WTI), con un ajuste que se hace anualmente. Por otro lado, las refinerías venden los derivados a precios establecidos de forma similar, sumando un «margen fijo» y un «margen variable» sobre esos precios promedio. Este sistema ha permitido subsidiar productos como el GLP, cuyo precio es significativamente más alto en el mercado internacional que en Bolivia, lo que genera un «margen negativo» para la refinería.
A pesar de las críticas, este régimen de precios ha persistido a lo largo de los años, dejando ver una paradoja: aunque algunas políticas de Morales parecen innovadoras, la estructura general del sistema sigue siendo heredera del modelo neoliberal, especialmente en la forma de regular los precios de los hidrocarburos.
