La Resolución 207/2006, aunque confusa, buscaba recuperar el control estatal sobre la industria del petróleo en Bolivia, pero provocó una rápida reacción de PETROBRAS que llevó a su suspensión y a la salida del ministro Andrés Soliz Rada. Esto pone en duda la seriedad del gobierno en su intento de nacionalización de los recursos hidrocarburíferos.
Las transnacionales, incluyendo PETROBRAS, han mostrado poco interés en ceder control o disminuir sus ganancias, prefiriendo negociar sin renunciar a los derechos otorgados por la Ley 1689. Su enfoque se centra en maximizar ingresos, sin considerar el desarrollo interno o los beneficios para la población.
La reciente decisión del vicepresidente sugiere una inclinación del gobierno a someterse a los intereses de estas empresas, lo que podría significar que el Decreto Supremo 28701 sea solo un avance temporal en un proceso de retroceso.
