El proceso de nacionalización del petróleo en Bolivia se ha desviado hacia una nueva privatización, con reservas en inminente agotamiento. La reciente decisión gubernamental de alinear los precios de gasolina y diésel con los internacionales marca el inicio de una crisis energética sin precedentes. Esta crisis, resultado de 23 años de descapitalización y políticas insuficientes, ha llevado a un aumento en la importación de combustibles, amenazando la estabilidad fiscal del país.
La respuesta del gobierno al gasolinazo ha revelado un cambio en su relación con la sociedad, ofreciendo aumentos salariales limitados y medidas ineficaces para el sector agrícola. El panorama actual sugiere una escalada de movilizaciones sociales y una crisis alimentaria más compleja que la energética.
