A más de una década de promesas de cambio en Bolivia, la crisis actual de combustibles refleja el profundo dominio de las transnacionales en el sector hidrocarburífero, sin avances significativos en la industrialización. A pesar de la «nacionalización», la dependencia de las importaciones y el extractivismo han aumentado, mientras proyectos mineros y de hidrocarburos enfrentan resistencia social. La deforestación y la falta de regulación evidencian un rol estatal que favorece el saqueo de recursos.
En lugar de regresar a una situación pre-neoliberal, el país se encuentra en un ciclo de explotación más intenso y problemático.
