Bolivia enfrenta una crisis de hidrocarburos y electricidad, resultado de políticas que favorecen a transnacionales. A pesar del gasolinazo, el gobierno sigue priorizando exportaciones de materias primas, limitando el acceso a recursos para los ciudadanos y modificando leyes que afectan la soberanía sobre los territorios indígenas y áreas protegidas.
Esta tendencia refuerza un modelo de producción que beneficia al sector privado, profundizando el extractivismo en el país.
