En agosto, el gobierno boliviano se autoproclamó uno de los más democráticos del mundo, mientras reprimía a indígenas que exigían el derecho a consulta previa. Un decreto que favorece a las petroleras ha despojado de derechos fundamentales, reflejando una tendencia a suprimir la libre asociación civil.
A pesar de las promesas de cambio, la política extractivista del gobierno se ha intensificado, llevando al país a una crisis de materias primas. La falta de transparencia y la ineficacia de los planes económicos han generado desorden, con un apuro por firmar contratos, como el polémico proyecto de energía nuclear.
Con un reciente referéndum negativo para el gobierno, las amenazas sobre la libertad de expresión han aumentado, poniendo en riesgo la democracia.
