En Bolivia, múltiples leyes se han proclamado como prioritarias para el desarrollo nacional, pero a menudo se limitan a solicitar la elaboración de planes y asignación de recursos sin resultados concretos. A pesar de la creación de un marco legal en torno a derechos sociales y medioambientales durante el neoliberalismo, la destrucción de la naturaleza ha continuado.
Las leyes recientes sobre agrocombustibles, aunque impulsadas por un contexto de cambio constitucional, han generado contradicciones al permitir la legalización de transgénicos y favorecer a productores de agrocombustibles. Además, la legislación minera ofrece concesiones de agua a las empresas, reflejando una tendencia a beneficiar intereses transnacionales a expensas del medioambiente y de los derechos de las comunidades locales.
