El crecimiento de los ingresos hidrocarburíferos, en parte gracias al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) estipulado en la Ley 3058, ha tenido un efecto positivo, consolidado por la migración de contratos. Sin embargo, este proceso, denominado “nacionalización”, no solo debe enfocarse en la generación de mayores ingresos, sino también en su correcta utilización.
Este artículo explora la relación entre la regionalización de la política boliviana y la efectividad del gasto y la inversión pública. Se argumenta que, aunque los ingresos por hidrocarburos han aumentado, la lógica redistributiva asumida por el gobierno para asegurar que estos recursos lleguen a todos los bolivianos, especialmente a las zonas productoras, ha difuminado el impacto de las inversiones y fortalecido a fuerzas reaccionarias en el país.
