Radiografía de las cooperativas mineras de Bolivia (La Tercera, 4.9.16)
El brutal asesinato de Rodolfo Illanes la semana pasada dejó al descubierto la escasa regulación y límites que ha fijado el gobierno boliviano con los mineros cooperativistas, aliados históricos de Evo Morales.
El 26 de agosto en una carretera de Panduro, localidad que une el departamento de La Paz con el de Oruro, fue encontrado muerto, envuelto en una frazada, el viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes, con evidentes signos de tortura. El funcionario gubernamental había sido asesinado a golpes por los mineros cooperativistas. La autopsia reveló que fue torturado por más de seis horas y, según la Fiscalía, tuvo que esquivar dinamita que le lanzaron, además de caminar descalzo hacia un cerro.
La muerte del viceministro fue un duro golpe para el Presidente Evo Morales -Illanes había trabajado junto con él desde que el mandatario llegó al poder en 2006 y era catalogado como su “soldado”- y su fallecimiento dejó al descubierto las vulnerabilidades y fallas que existen dentro de estas asociaciones. Al mismo tiempo, tensionó la relación entre los mineros y el gobierno. De hecho, el jueves Evo Morales recuperó 31 concesiones mineras y se detuvo a varios dirigentes y trabajadores por el asesinato de Illanes.
Los cooperativistas, históricos aliados de Evo Morales -lo apoyaron en el referendo de febrero pasado y protagonizaron la Guerra del Gas en 2003- le exigían al mandatario, en un petitorio de 10 puntos, que se modificara la Ley Minera que prohibe a empresas privadas invertir en las concesiones que manejan estos mineros. Además, rechazan una reforma laboral que introduciría sindicatos en sus estructuras, lo que fue promulgado por Evo el 20 de agosto.
¿Qué son las mineras cooperativas? De acuerdo al Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), se trata de pequeñas asociaciones autónomas sin fines de lucro, que gracias a los gobiernos de Evo Morales comenzaron a tener mayor importancia política. Algunos de sus miembros ocupan cargos en el Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa, donde tienen senadores y diputados. Se estima que unos 100.000 mineros integran sus filas.
Estas asociaciones nacieron en 1985, tras la caída de los precios de los minerales y como una respuesta a la situación que vivió la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). La Comibol, que hasta ese momento había administrado las minas de propiedad estatal, tuvo una crisis que se agudizó progresivamente, por lo que comenzó a dejar sus actividades de producción, despidiendo a miles de trabajadores. De acuerdo al CEDIB, en esa época se liberalizó la economía boliviana, por lo que los precios y los salarios se fijaron por oferta y demanda, autorizando la libre comercialización y exportación. Esto provocó una transformación en la actividad.
Durante esos años, como una manera de palear el desempleo tras el cierre de las minas estatales, las cooperativas comenzaron a multiplicarse. Y se convirtieron en empresas estables. Sin embargo, funcionaban en condiciones precarias, situación que conservan hasta hoy. La falta de apoyo técnico y la escasez de recursos y herramientas determinó que operaran de forma arcaica.
Las cooperativas, que pretenden que se les permita firmar contratos con empresas privadas para hacer frente a la caída a finales de 2015 de los precios de los minerales, algo que va en contra de la Constitución, fueron, hasta esta crisis, los grandes beneficiados del gobierno de Evo Morales. Gracias a su capacidad de movilización -lo que las empresas privadas decidieron aprovechar para poder hacer inversiones que eran difíciles concretar con el Estado- han obtenido los mejores sitios para explotar minerales y muchas se han convertido en empresas ilegales sin licencia ambiental, destaca el diario El País. No pagan ciertos impuestos, el gobierno les ha dado maquinaria y recursos económicos. La minería es la segunda mayor riqueza de Bolivia después del gas natural y representa el 25% de sus exportaciones. La principal extracción es de estaño, plata, cobre, zinc y oro.
¿Animo solidario?
Marco Gandarillas, director ejecutivo de CEDIB y amplio conocedor del tema minero en Bolivia, explica a La Tercera que la política que existe en Bolivia ha alentado a que se exploten muchos lugares y que fue esto lo que permitió la ampliación de las actividades mineras sin límites. “Esta política de incentivo del gobierno ha resultado en el crecimiento desbordado del número de cooperativas. En 2005 había menos de 500 cooperativas, hoy vamos en 1.600”, dice.
Dentro de las cooperativas existe una organización interna basada en estratificaciones. Los socios son los que cuentan con un mayor poder de decisión y beneficios. Son éstos los que subcontratan a trabajadores para explotar las minas. “En el sentido estricto de la palabra, las cooperativas son sociedades que trabajan solidariamente. Pero ya no existe ese ánimo. No se reparte en común, sino que hay un grupo privilegiado que explotan laboralmente a otros. Hay un régimen de explotación, extensas jornadas laborales, que superan a veces las 16 horas diarias”, afirma Gandarillas. No tienen seguro de salud, ni previsión. Se ha establecido una estructura de “patrón y peón” y es por eso que se oponen a la sindicalización.
Los “peones” pueden ganar entre 120 bolivianos (US $17) por cuatro horas si es que tienen más antigüedad en la mina, mientras los que tienen menos pueden ganar entre 50 (US$ 7) y 80 (US $11).
