El Gobierno de Evo arremete contra las ONG críticas (6.10.15)
Las denuncias a las políticas extractivas del gobierno boliviano han ocasionado acusaciones contra cuatro ONG y una propuesta de ley para regular su cierre.
¿Qué está pasando en Bolivia para que el Gobierno quiera deshacerse de una de las organizaciones que más ha hecho por la defensa de los recursos naturales del país en las últimas cuatro décadas?
Hablamos del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), cuya historia se remonta a principios de los años 70, aunque fue a partir de 1987 cuando su trabajo de investigación y denuncia comenzó a incomodar. Especialmente al Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, alias Goni, empresario educado en Chicago y que nunca perdió su acento estadounidense.
«En el Gobierno de Goni, el Cedib fue intervenido, se nos acusó de ser una organización perteneciente a la narcoguerrilla cocalera y de ser, de lo que curiosamente nos acusa el Gobierno [actual], una organización al servicio de intereses extranjeros», explicaba Marco Gandarillas, director del Cedib a Erbol Digital.
En ese momento –corría julio de 2003– el mismo Evo Morales, diputado por el MAS e histórico líder de las federaciones cocaleras, apoyaba en una carta la labor del Cedib: «Son muy escasos los espacios de información crítica y comprometidos con el pueblo de Bolivia».
«Son muy escasos los espacios de información crítica y comprometidos con el pueblo de Bolivia», escribía Evo Morales en 2003 sobre el Cedib
Cuando Evo escribió este texto el Cedib llevaba más de diez años trabajando con las federaciones cocaleras del Chapare, región situada a pocos kilómetros de Cochabamba, donde el Cedib tiene su sede.
«La relación con Evo llegó a ser muy intensa, porque en esa tarea de defender los derechos de la población del Chapare había muy poca gente. Se criminalizó al movimiento y también a quienes los defendían», dice Marco Gandarillas a Diagonal.
Las muertes producidas por las intervenciones del ejército boliviano –y también del estadounidense– para terminar con los bloqueos de caminos y las plantaciones de hoja de coca se contaban por centenares.
Todo ese trabajo de difusión realizado desde el Cedib, sostiene, ayudó a que «la sociedad dejara de ver al movimiento cocalero como un sector criminal para entender lo complejo que es para las familias pobres que venían del Altiplano sobrevivir de esta manera».
Pero hace tiempo que las relaciones entre el MAS y el Cedib no pasan por su mejor momento. En agosto, el vicepresidente Álvaro García Linera señaló que esta ONG, a la que calificó de «trotskistas verdes», pretendía convertir a los bolivianos en «guardabosques». García Linera amenazó entonces con expulsar a la organización, acusándola de responder a intereses extranjeros.
No es la primera vez que se escuchan estas acusaciones: «Es un viejo argumento en Bolivia. En las dictaduras se acusaba a la Asamblea de Derechos Humanos de ser un foco de grupos extranjeros». Las amenazas de expulsión no tardaron en desinflarse. «Les hemos hecho reconocer que siendo bolivianos no nos pueden expulsar, porque eso sería equivalente al destierro, algo que no existe en un país democrático. Han tenido que decir que nos van a cerrar legalmente».
El 30 de septiembre, el diputado masista Víctor Borda propuso una ley para regular los mecanismos para que una ONG pierda su personalidad jurídica.
La norma también podría afectar a otras organizaciones críticas, como Fundación Tierra o el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, dos ONG que han tenido un papel preponderante en la investigación y denuncia del latifundismo y el acaparamiento de tierras, la mayoría de las veces, precisamente, a manos de inversores extranjeros.
«Nos atacan a cuatro organizaciones porque expresamos voces distintas, desde el punto de vista económico y político», señala Gandarillas.
Los puntos de inflexión
Durante el ciclo de luchas contra el neoliberalismo, los distintos movimientos sociales habían reclamado un «encaje distinto» de Bolivia en el mundo, un «desacople que rompiera con este rol que tiene Bolivia de exportar materias primas», explica Gandarillas.
Pero cuando Evo Morales llegó al Gobierno en 2006, recogiendo todo el descontento de la etapa anterior, «la cúpula» planteó que lo que Bolivia necesitaba era «un acople ‘justo’ con la globalización». Bajo el lema «socios, no patrones», se renegociaron los contratos con las grandes petroleras.
Brasil, a través de Petrobras, se había quedado con más del 60% del negocio de los hidrocarburos
Según denunció el Cedib entonces, después de que finalizara este proceso de «nacionalización», agentes extranjeros seguían controlando el principal recurso natural del país, el gas. En concreto Brasil, a través de Petrobras, se había quedado con más del 60% del negocio de los hidrocarburos.
«Que se exporte más no es problema, es casi una bendición porque el Estado tiene más recursos. El problema es que esto significa que somos completamente dependientes, significa que somos un país donde más del 90% de las exportaciones viene de tres sectores: gas, minerales y sodio».
Los problemas de esta dependencia se están empezando a notar con la caída de los precios del petróleo y del gas, que pueden arrastrar a toda la economía y a un modelo de bienestar social basado en la distribución de la renta del gas. «Como han caído los precios de las materias primas, la respuesta es ampliar la exportación como sea», agrega.
«No es cierto que se haya planteado desde el movimiento no tocar nada del país. Lo que se dice es no afectar las áreas más importantes de conservación y de biodiversidad, aquellas que generan las condiciones fundamentales de vida para los propios ciudadanos», explica.
Para el director del Cedib, se trata de «una falsa dicotomía» tener que elegir entre extraer recursos o hacer política social: «Ningún país en 500 años de historia del extractivismo ha dejado de ser dependiente exportando materias primas».
Gandarillas sitúa el otro punto de inflexión en la histórica demanda de que la sociedad no sólo tiene que participar del Estado, sino controlar al Estado. «Pero este modelo económico –dice Gandarillas– no funciona con participación, una autoridad decide que se van a gastar 2.000 millones en hidroeléctricas y eso no pasa por ningún filtro, nadie de la sociedad puede decir que no está de acuerdo. Nadie. Son decisiones que se empiezan a tomar arriba. Y es más, se empieza a combatir la crítica y el cuestionamiento a las autoridades, se empieza a estigmatizar y criminalizar la participación».
El principal logro del proceso
«El logro del proceso de verdad e irreversible es que ya sabemos que el Gobierno no tiene que ser blanquito y que somos plurinacionales», dice Marco Gandarillas. Un proceso de cambio que va mucho más allá, reconoce, de grandes líderes y gobiernos.
Para el director del Cedib, el caso de Bolivia es paradigmático de «gobiernos de distintos signos que acaban teniendo la misma política». También paradigmático en la relación entre Gobierno y movimientos sociales: «Hemos vivido un vaciamiento. Hemos querido fortalecer tanto al Gobierno que ahora nos hemos quedado sin fuerzas».
