La exploración petrolera (La Jornada, 24.6.15)
Bolivia tiene que conciliar las necesidades de generar riqueza con la explotación de los recursos naturales, y el mandato constitucional que reconoce al pueblo boliviano el «derecho a un medioambiente saludable, protegido y equilibrado». El gobierno ha decido ingresar a los parques nacionales y áreas naturales protegidas para construir carreteras y buscar petróleo y gas. Probablemente esta sea una alternativa que ha optado el gobierno frente al poco interés de las transnacionales de invertir en nuestro país, pero esta determinación tiene que respetar las normas legales, los derechos de las comunidades indígenas y cumplir los «derechos de la madre tierra».
Por el momento, lo que se sabe oficialmente es la decisión del gobierno de dedicar los próximos diez años a la actividad en busca de hidrocarburos. Según el ministro del sector Luis Alberto Sánchez, el daño al medio ambiente «será mínimo», pese a que se han previsto 86 proyectos de exploración en 63 áreas ubicadas en diferentes regiones. También se efectuarán 23 trabajos sísmicos, y 10 «magneto telúricas».A propósito del anuncio, el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) considera que tres millones de hectáreas de las áreas protegidas del país serán afectadas por las actividades exploratorias y de explotación, aprobadas por el Gobierno mediante Decreto Supremo 2366. Marco Gandarillas, director ejecutivo del Cedib, estimó que un total de 11 de las 22 áreas protegidas, están comprometidas.El gobierno tiene que buscar alternativas que sean menos invasivas y causen menos daño a la naturaleza. Las nuevas tecnologías y los avances en las investigaciones, están dando pasos agigantados hacia una revolución de las fuentes de energía, frente a la necesidad de proteger el medio ambiente y a la vez disponer de recursos energéticos, cada vez más necesarios para afrontar los desafíos del desarrollo.El gobierno, que en este momento tiene asegurados los mercados brasileño y argentino, además de interés de otros países por el gas natural, se ve tentado a atacar las reservas naturales y apelar a toda posibilidad, sin detenerse a pensar en el futuro ni en las consecuencias ambientales. Parece que solamente le preocupa las exiguas reservas, que colocan al país en el riesgo de pasar de exportador a importador, en caso de no encontrarse nuevos campos de gas natural y petróleo.La industrialización de los hidrocarburos, ha quedado como simple promesa, y otra frustración, al saber que nuestras reservas no son lo que pensábamos, y que nuestros vecinos están trabajando en buscar su autosuficiencia energética. Antes de dirigir la explotación a las áreas protegidas, se debió ofrecer garantías reales a las petroleras para que se interesen en realizar exploraciones, pero para ello era necesario ofrecer seguridad jurídica, estabilidad política, seriedad ejecutiva y respeto por la institucionalidad. Frente a estas flaquezas, el gobierno ha apelado a socios de dudosa solvencia moral, y carentes de tecnología de punta, para luego encontrarnos con frustraciones como en el norte de La Paz, o escándalos de corrupción como los que tuvo que afrontar YPFB.Nuestro país tiene que buscar un equilibrio que permita explotar racionalmente los recursos naturales, tanto en hidrocarburos, como en minería y otros, pero teniendo como meta la industrialización, para dejar de ser exportadores de materia prima.
