Sistematización de experiencias de protección de mujeres: Defensoras ambientales y del territorio en Bolivia en contextos de resistencia al extractivismo
(2015 – 2022)

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1.- RESUMEN

Este proceso de sistematización, parte de encuentros presenciales, entrevistas individuales, realizadas a mujeres defensoras de tierra y territorio principalmente de áreas rurales, pertenecientes a una veintena de organizaciones y comunidades en resistencia al extractivismo. Así también se nutre de la búsqueda documental y material bibliográfico sobre derechos humanos, defensa de tierra y territorio y protección integral con enfoque diferencial.

Las experiencias  de protección compartidas por las mujeres defensoras nos han guiado por los diferentes hechos sucedidos entre el 2015 al 2022 , información que ha sido ordenada, clasificada y analizada para poder finalmente llegar a unas conclusiones preliminares.

La sistematización pone en evidencia la situación de riesgo que viven las mujeres defensoras y a la vez los mecanismos de protección que ellas y sus organizaciones han utilizado, como mecanismos propios de defensa y autoprotección colectiva, en un contexto de crecientes amenazas, ausencia de protección estatal e incluso complicidad del Estado en las vulneraciones a sus derechos.

2. – CONCLUSIONES

Bolivia es uno de los países con menor desarrollo normativo en materia de defensores de derechos humanos. Las normas que garantizan la protección de defensores están principalmente dentro del estándar internacional en materia de derechos humanos. 

Mediante el Decreto Supremo N°29851 del año 2008, el Estado de Bolivia aprobó el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos «Bolivia Digna para Vivir Bien» 2009-2013. Este plan estableció una serie de compromisos para el cumplimiento de los siguientes objetivos: adoptar una norma jurídica interna basada en la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos; crear una norma jurídica especial para la protección de defensores y defensoras de Derechos Humanos, garantizando aspectos esenciales como el acceso a la información; fortalecer las instancias de investigación en casos de delitos cometidos contra Defensoras de Derechos Humanos, con el fin de evitar la impunidad; y promover el reconocimiento y el estudio de las personas destacadas en la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, es importante destacar que el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2014-2018, dejó de lado cualquier iniciativa relacionada con la garantía, protección y promoción de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y del Territorio.

Los avances más significativos podemos encontrarlos dentro del escenario internacional a través de la firma de Tratados Internacionales. El 4 de marzo de 2018, en Escazú (Costa Rica), se adoptó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe6. Este acuerdo entró en vigor en abril de 2021. Bolivia lo ratificó mediante la Ley 1182, promulgada el 3 de junio de 2019, sumándose así a los compromisos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales establecidos en el marco regional. Sin embargo, la representación de Bolivia ha realizado esfuerzos muy cuestionables para reducir la participación de la sociedad civil dentro de los procedimientos que reconoce el Acuerdo.

Tenemos en Bolivia un contexto altamente agresivo ante las mujeres defensoras de derechos humanos, territoriales y ambientales. Los factores económicos del contexto (el extractivismo) se mezclan con la construcción social de las estructurales relaciones de poder, donde las mujeres están relegadas de la toma de decisiones políticas. Se delimita y reduce para ellas los lugares y su participación en el escenario público político.

Por otro lado, tenemos un país que ha mantenido un discurso del “Vivir Bien”, del “respeto a la Madre Tierra”, de la “soberanía y autodeterminación de los pueblos” durante muchos años. Esta narrativa ha generado un discurso mediático promovido por el Estado, la sociedad y las ONGs eludiendo la realidad de pérdida de soberanía sobre los territorios, devaluando los argumentos de denuncia frente a las graves violaciones a los territorios y a quienes los habitan.

Todo lo señalado ha generado un difícil camino para las mujeres defensoras, que por el instinto de defensa de la vida han tenido que generar acciones de defensa de sus territorios y sus comunidades.

El nivel de riesgo que se vive en los territorios se encrudece por el  discurso del Capital que promueve intereses materiales por sobre el sostenimiento de la vida. Las amenazas contienen un alto nivel de violencia contra las mujeres invadiendo los cuerpos y los espacios íntimos de relaciones personales y familiares. Las mujeres no cuentan con ningún tipo de mecanismo de protección desde el Estado; están aún más expuestas ante un sistema judicial quebrado y dependiente del poder político gobernante.

En la percepción de las mujeres defensoras y las comunidades en general aun el término “protección” sigue siendo un elemento que ocupa el segundo lugar en sus prácticas de defensa, ya que hay una tendencia a postergar la propia necesidad de protección personal y colectiva, por sobre la necesidad de los territorios. Las mujeres han hecho mayores reflexiones al respecto, considerando el auto cuidado y cuidado colectivo en sus discusiones; sin embargo, las prácticas de cuidado se disuelven en un contexto de alta presión y con el carácter de urgencia que responden a los diferentes atropellos.

Las capacidades de autoprotección en los territorios han surgido como respuesta frente a las múltiples vulneraciones a sus derechos. A contracorriente de la cooptación de las organizaciones indígenas matrices, las resistencias en los territorios se han fortalecido a través de procesos de articulación.

Se han  promovido acciones de formación; se han realizado protestas en diferentes contextos tanto rurales como urbanos, denunciando, visibilizando y sensibilizando sobre el impacto de las actividades extractivistas.  Se han puesto denuncias y procesos legales ante el aparato judicial nacional, y ante los organizamos internacionales a la espera de que puedan ejercer algún mecanismo de presión frente al Estado boliviano y las empresas.

Existe una necesidad importante de hacer una defensa sostenible en términos de protección integral a las mujeres defensoras ambientales y del territorio. Ello debería involucrar el auto cuidado, el cuidado colectivo y la sostenibilidad económica de ellas, quienes  dedican todos sus recursos a la defensa del territorio.  Se requiere seguir fortaleciendo el tejido social entre las comunidades compartiendo no solo las buenas prácticas y lecciones aprendidas sino implementando estrategias nacionales de protección colectiva de personas, comunidades y pueblos indígenas originarios. 

Las necesidades de las mujeres defensoras son amplias por cuanto las amenazas vienen de diferentes actores y estructuras sociales instaladas. El modelo económico extractivista es el factor determinante de las violencias contra las defensoras. La mayor necesidad va a ser siempre que el modelo económico extractivista se extinga buscando la implementación de otro tipo de modelo económico sustentable y coherente con preservar la vida digna.

Este nuevo modelo suprimiría la necesidad de tener personas que se vean forzadas a exponer sus vidas por preservar sus territorios y quienes los habitan, y sería el fin último en esta lucha. No necesitamos construir nuevas versiones de “mujeres abnegadas” “mujeres defensoras”, con cierto tono de “romantización sacrificialista” que hace juego a la perpetuación de un agresivo sistema extractivista. Nuestra lucha debe apuntar a abolir este sistema y crear otro nuevo.

Mientras no se tenga la garantía plena de la preservación de territorios, y un modelo económico sostenible, hay una latente necesidad de protección y seguridad que el Estado debería proporcionar a todas las personas que defiendan los derechos. Aunque resulte contradictorio esperar que el Estado extractivista garantice y genere condiciones de protección para las defensoras y los defensores ambientales y territoriales, no podemos dejar de exigirle el cumplimiento de sus fundamentales obligaciones sobre derechos. 

Al mismo tiempo se requiere que las organizaciones de la sociedad civil creadas para hacer la denuncia y promover la exigencia y ejercicio pleno de los derechos tengan un carácter independiente y objetivo, fuera del control del gobierno y de los intereses económicos de la empresa privada.

3. – RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones vienen de las reflexiones generadas de las mujeres defensoras y el aporte de defensores de territorio que también acompañan sus luchas.

A las organizaciones que resisten al extractivismo y defienden sus derechos:

• Generar visitas / intercambios territoriales donde se haga más visible la situación de los territorios y fortalecer los liderazgos de las defensoras.

1. 1. Continuar con los procesos formativos, en temas legales, técnicos y así también en afectaciones e impactos del daño ambientales para la toma de decisiones en las comunidades y pueblos originarios.
   2. Capacitarse y poner en práctica el litigio estratégico.

• Identificar aliados  estratégicos en:

• La difusión visibilización y denuncia de las luchas

• Posibles fuentes de financiamiento a las acciones de defensa.

• Estrategias de protección

• Redes de conexión nacional e internacional

1. A los pueblos indígenas: a ejercer su derecho de autonomía, la libre determinación, el autogobierno, la justicia; exigir el derecho al consentimiento.
2. Reforzar la acción de vinculación, conocimiento, intercambio y organización de los territorios, para  hacer fuerza conjunta para defensa y las acciones de protección.
3. Mejorar la seguridad de los canales de comunicación y difusión, fortaleciendo el uso seguro de mensajería instantánea y redes sociales.
4. Generar estrategias para el fortalecimiento de capacidades de las mujeres en los territorios.
5. Capacitación, análisis y apropiación de la protección integral, aplicación de procedimientos propios.

A la sociedad civil

• Es importante que antes de que comience la actividad extractiva en un territorio, la sociedad civil exija la información sobre impactos, prevención y condiciones técnicas y legales de los contratos que se llevan a cabo.

• El tener información y conciencia sobre los derechos, las leyes que deben garantizarlos, y los derechos que corresponden a las mujeres.

• Es importante conocer la coyuntura y el contexto social, político en el que la sociedad se desarrolla, identificar los atropellos y vulneraciones, no solo en temas de contaminación sino de vulneración de derechos  y derechos de las mujeres,. Asimismo, es necesario que se fortalezcan capacidades para discernir sobre las acciones utilitarias del Estado, y el aprovechamiento que este hace de las condiciones de pobreza de las comunidades, para ejercer presiones y chantajes, con fines partidarios y de reproducción de su poder.

• Desmontar, reflexionar sobre la idea colonial del “desarrollo”, siendo un discurso que refuerza la necesidad de capital e industria extractivista.

• A las organizaciones: no perder su independencia en relación con las ONGs y partidos políticos. Fortalecer su independencia política partidaria.

• A los financiadores, a mantener su carácter no político partidario, y conservar su mandato ético legal, identificando las filiaciones político partidarias y de acción de sus beneficiarios.

• Es importante enfatizar que los financiadores deben tener una efectiva (no solo discursiva) mirada interseccional y con enfoque de género, comprendiendo la situación de las mujeres y sus necesidades a la hora de trasladarse, capacitarse, participar.

A la comunidad internacional

• A la comunidad internacional a través de sus instancias de representación, se le recomienda poder generar presencia eventual en los territorios donde se está cometiendo estas amenazas ambientales, para fortalecer el respaldo territorial.

• Activar mecanismos de protección integral, buscando preservar la vida de las mujeres defensoras, implementando mecanismos reales y efectivos, en los territorios y entre los territorios, tanto en la comunicación, desplazamiento, reubicacíón, difusión de acciones.

• Que las organizaciones internacionales, utilizando los mecanismos legales adecuados del Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, hagan recomendaciones y acciones de carácter vinculante para el Estado boliviano, principalmente cuando se trata de evitar que se incrementen las condiciones de riesgo y violencia contra los defensores y defensoras ambientales.

EXIGENCIAS

Al Estado

• La principal y básica exigencia al Estado es el cumplimento pleno de las normas que garantizan derechos y la constitución política del Estado.

• El cumplimiento riguroso de los tratados internacionales de los derechos humanos.

• A la Defensoría del pueblo: cumplir efectivamente su rol, y velar por la seguridad y protección de las personas defensoras ambientales y del territorio.

• Promover mecanismos de protección independientes del Estado para las personas que defienden derechos humanos.

• Revisar  leyes que vulneran el derecho de las mujeres y los derechos de tierra y territorio. En el espíritu del Acuerdo de Escazú, se debería establecer una comisión multisectorial de la sociedad civil, el Estado y organismos internacionales de protección de derechos, para identificar todas las normativas de rango menor que contradicen disposiciones constitucionales y estándares internacionales en materia de protección de derechos, particularmente derechos ambientales y territoriales. Sobre la base de esta identificación, se debería interponer recursos de inconstitucionalidad y ajuste a estándares internacionales, para plantear una amplia reforma legal enfocada a la garantía, cumplimiento y fortalecimiento de derechos de acceso a información, participación, acceso a justicia y derechos de defensores ambientales.

1. Esta identificación de normativa violatoria de derechos de defensores ambientales debería servir para apuntalar una investigación independiente, con amplia participación social y de organismos internacionales de DDHH, sobre las graves violaciones a derechos humanos, ambientales y territoriales que se han perpetrado en Bolivia en las últimas dos décadas; establecer responsabilidades en distintos niveles y determinar diferentes formas de reparación integral, además de garantías de no repetición.
2. Como firmantes del Acuerdo de Escazú, demandamos que el Estado facilite las condiciones materiales y logísticas (pero sin intromisión ni presiones) para generar una política pública sostenible, con amplia participación de la sociedad civil y los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, para establecer las condiciones institucionales y legales que hagan efectiva la obligación del Estado de: “Garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad” (Art. 9 Acuerdo de Escazú).