Se encuentra en proceso de consideración en la Asamblea Legislativa el denominado proyecto de “Ley del oro”. Esta denominación junto con el rechazo del sector minero cooperativista aurífero ha generado una lógica confusión tanto en Bolivia como a nivel internacional al asumir que este proyecto de Ley pretende regular el conjunto de la minería del oro y las diferentes facetas de su comercialización; a pesar de las múltiples declaraciones y aclaraciones en prensa del gobierno. Sin embargo, el nombre completo de este es, “Proyecto del Ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales” y como su nombre lo indica hace referencia a dos aspectos esenciales: la compra de oro por parte del Estado y la situación de las reservas internacionales.

Cabe preguntar si el nuevo proyecto de Ley plantea alguna solución a los problemas que enfrentó el BCB hasta el presente: ¿garantizará mejores precios que los mercados internacionales a los cuáles venden las empresas privadas comercializadoras?, ¿la tasa cero en el IVA permitirá al BCB agilizar sus procedimientos y comprar tan ágilmente como los compradores internacionales de las comercializadoras privadas?, ¿el BCB dispone de recursos suficientes para comprar una porción relevante de la extracción anual actual (como referente vale considerar que el 2022 se exportó 3.007,9 millones $us)? Claramente las disposiciones de ese proyecto de ley no detallan aspectos que permitan afirmar que sí planteará soluciones a estos problemas. Y de igual manera queda muy claro que no hay una estrategia
desde el gobierno sobre el control de la extracción y comercialización del oro, prácticamente terminando de liquidar el intento de política nacional que significó la empresa boliviana del oro (EBO).