La carretera San José de Chiquitos-San Ignacio de Velasco, en medio del Bosque Seco Chiquitano, se construye extrayendo el agua, recursos mineros y áridos de las comunidades indígenas a las que compensa con pequeñas obras comunales.
Texto y fotos: Malkya Tudela
Es la inauguración del puesto de salud de la comunidad San Pedro de Sapocó, en plena Chiquitanía. Don José Domingo Masais pregunta al ejecutivo de la empresa China State Construction cuánto se invirtió en la obra. No obtiene respuesta. El centro médico es una compensación de la contratista china por explotar una cantera de granito negro e instalar una planta de asfalto en Sapocó para pavimentar la carretera San José de Chiquitos-San Ignacio de Velasco (SJ-SIV).
El material extraído de esta comunidad, ubicada en el municipio de San Miguel de Velasco, se empleará en pavimentar la ruta de 208 kilómetros y de 230 millones de dólares de financiamiento del Banco Mundial.
Don José Domingo, que a sus 70 años no luce canas, y el cacique Manuel Dorado entregan al ejecutivo chino otro proyecto: reparación del techo y el piso de la capilla. Las familias esperan que la China State Construction corra también con esos arreglos en retribución a la actividad extractiva.
La ruta unirá a otras dos vías internacionales que ingresan paralelamente a territorio boliviano desde la frontera con Brasil (corredor norte Santa Cruz-Cuiabá y el corredor sur o carretera Bioceánica). Ambas vías están planificadas dentro de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA), ahora COSIPLAN.
El conector San José-San Ignacio de Velasco es complementario a las dos obras de necesidad internacional y es parte de la Red Vial Fundamental (RVF). Pablo Villegas, que ha investigado en la geopolítica de las megaobras desde el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), explica que la IIRSA nació con el objetivo de transportar la materia prima desde su origen hasta los puertos extracontinentales, y la RVF sirve a los corredores internacionales.
El acto de inauguración del puesto de salud ocurrió el 1 de diciembre. A las siete de la mañana, don José Domingo Masais y otros dos comunarios tomaron sus escobas para barrer el piso de cemento de la cancha cubierta por un tinglado de calamina. A las 9, ya estaban vestidos con sus mejores ropas para recibir a los visitantes.
Los funcionarios de la contratista China State Construction, de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y de la multinacional que actúa como supervisora EPTISA-CYPLA llegaron ataviados con chalecos de colores y ropa de trabajo. Al mismo tiempo arribaron los obreros de la carretera que pertenecen a la comunidad. Las tres instituciones auspiciaron también una feria sobre salud sexual y reproductiva, pruebas rápidas de VIH y la distribución de folletería y condones.
Aspiraciones modestas
Inés Saucedo, representante de salud de Sapocó y líder religiosa, relata que conseguir la construcción del puesto de salud fue muy difícil: “Hemos tenido reuniones y reuniones, y con apoyo de otras instituciones hemos hecho fuerza. Nos ha costado tener este consultorio y es necesario para niños, mayores y ancianos”.
La comunidad está satisfecha por haber conseguido su centro de salud en una segunda ronda de negociaciones, pues la primera vez lograron un acuerdo desfavorable.
Similares negociaciones con la China State Construction están sucediendo a lo largo del tramo, derivando en todo tipo de acuerdos para las comunidades indígenas, colonias menonitas y propietarios privados.
El cacique de San Pedro de Sapocó, Manuel Dorado, explica: “Tenemos un contrato con la empresa china de que van a entregar el puesto de salud. Después de eso tenemos la refacción de la iglesia de Sapocó. La empresa china va a hacer el techo y la empresa Tuma va a hacer el piso. La empresa china va a hacer una represa en el barrio Riñamema también. Es como compensación que están dando a la comunidad”.
La empresa Tuma Hermanos Ltda. tiene el contrato minero para explotar granito negro chiquitano dentro de la comunidad. En conversación telefónica desde EEUU, Fernando Tuma explica que él también tiene su propio acuerdo con la contratista china: ha cedido la explotación del cerro de Sapocó a cambio de recibir cuotas de la materia prima hasta completar los 7.000 m³. Los ingenieros en construcción calculan que un cubo (m³) de piedra se aproxima a las dos toneladas.
La Fábrica Tuma Hermanos seguirá produciendo mesones de cocina y baño para los hogares de alta capacidad adquisitiva, pero sin pagar maquinaria ni mano de obra en la explotación del recurso.
Los comunarios de Sapocó no han sido informados acerca de las dimensiones de la explotación ni del impacto ambiental que dejará la planta de asfalto, a la que llaman chancadora.
“Lo más que nosotros sabemos es que de este cerro, el ripio, el material, (su uso en el asfalto) va a llegar hasta San José (a más de 100 km), porque dicen que no han encontrado en otra parte. Por eso vamos a intentar (exigir) a la empresa, que repare la capilla y otras cosas más, por lo menos que nos deje un atajadito para la comunidad. Tenemos que pechar pues porque, usted sabe, el que no habla es porque no necesita”, explica don José Domingo.
Según el estudio TESA (técnico económico social y ambiental) de 2016, se ha previsto utilizar el material de la cantera de Sapocó para construir la sub-base, la base, las obras de hormigón, la carpeta asfáltica y el pavimento desde San Ignacio de Velasco, pasando por el municipio de San Miguel, hasta San Rafael.
En el mismo documento, la cantera de Sapocó aparece con 1.17 millones de m³ de volumen aproximado de explotación.
“Es una cantera de granito –describe el estudio–, es decir rocas ígneas constituidas principalmente por cuarzo, feldespato y mica (…material) apto para ser usado en capa base, carpeta asfáltica, estructuras de hormigón y pavimento”.
A más o menos un kilómetro de San Pedro de Sapocó, la planta de asfalto ya funciona con ruido permanente por las explosiones y polvo molesto para las familias que viven cerca. A ambos lados del camino hacia la chancadora, pequeños campos de maíz de los comunarios intentan crecer en algunos metros cuadrados incluso en el ingreso a la explotación.
Acuerdos de “forma libre”
El Banco Mundial establece salvaguardas para las comunidades indígenas afectadas en los proyectos que financia. En su documento OP 4.10 afirma que, si el proyecto implica la explotación comercial de recursos naturales en esas tierras o territorios, se debe garantizar “una participación equitativa en los beneficios procedentes de dicha explotación comercial”.
Pero al ser el conector SJ-SIV parte de la RVF, el gobierno boliviano descarta, mediante el Decreto 28946, una compensación por la explotación de recursos naturales o extracción de materia prima.
“La empresa contratista (China State Construction) firma convenios de reciprocidad con los propietarios y comunarios, estos son acordados de forma libre y con total acuerdo e interés de ambas partes”, explica por escrito el director de la ABC Regional Santa Cruz, David Acebey, respuesta previamente revisada por EPTISA-CYPLA.
Pero en San Pedro de Sapocó no hubo equidad de intereses en el primer convenio, que fue descartado por presión de otras entidades locales al verlo “nada beneficioso”, según José Dorado, del Control Social Circunstancial (CSC) en San Miguel de Velasco. La comunidad había conseguido que la empresa china se comprometiera a hacer el mantenimiento de un camino y la construcción de un terraplén para la represa.
El primer convenio, en castellano y mandarín, firmado entre las autoridades de Sapocó y la China State Construcción tenía además, entre otras, una cláusula de confidencialidad y otra de arbitraje: “Cualquier disputa que surja de, o en relación, con este contrato se someterá a la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, para su arbitraje de acuerdo con las reglas de la Corte. El lugar el arbitraje es París, Francia y es definitivo y vinculante para ambas partes”.
Tuvo que intervenir la representación indígena de Sapocó, la Central de Comunidades Indígenas de San Miguel (CCISM) y miembros del Control Social Circunstancial de la carretera, por lo menos en una decena de reuniones con la contratista china, para conseguir el puesto de salud y la reparación de la capilla.
En esas negociaciones tampoco se informó de las afectaciones al entorno ni del impacto de la planta de asfalto en la fauna, flora, el ecosistema o los cuerpos de agua.
Consultado sobre las afectaciones ambientales de la fábrica, David Acebey, director de la ABC regional Santa Cruz, dice de manera escueta que la contratista china presentó a la multinacional EPTISA-CYPLA un plan de manejo ambiental, pero no da detalles de su contenido y sugiere acceder al documento “a través de los conductos regulares establecidos”.
En términos generales, el TESA de la ABC de 2016 prevé impactos ambientales negativos en aire, suelo, paisaje, fauna y ecología por las tareas de excavación y movimiento de tierras, la excavación con explosivos y los bancos de préstamo (yacimientos de arena y grava).
En la instalación y operación de plantas de agregados, de hormigón y plantas de asfalto, se prevé impactos negativos para el aire, suelo y agua.
Los bancos de préstamo, de donde se extrae arena y grava, son visibles en toda la ruta de las antiguas misiones jesuíticas: San José de Chiquitos, San Miguel, San Rafael y San Ignacio de Velasco. A ambos lados de la carretera hay huecos gigantes de arena expuesta con camiones alrededor que esperan cargar el material.
En la comunidad San Antonio, municipio de San José de Chiquitos, don Víctor Flores, de 63 años, está molesto con el cacique de su comunidad porque quiere que la contratista china explote áridos en su territorio, como sucede en la colonia menonita vecina.
“Eso nos beneficia en hacer un cambio. Ellos sacan material y nos devuelven en desmonte para sembradíos de maíz, arroz, soya”, dice Flores, metido en sus botas negras de goma y en una polera amarilla del carnaval josesano, mientras espanta con las manos a decenas de zancudos hematófagos que luchan por acercarse a su piel. Él tiene la idea de bajar unas veinte hectáreas de bosque, que considera la superficie que las familias de la comunidad pueden destinar a la agricultura y ganadería. La maquinaria para tumbar árboles y maleza cobra por hora y en dólares, y es algo que no pueden permitirse.
Los rumores dicen que la colonia menonita ha conseguido 300 hectáreas de desmonte a cambio de sus áridos y agregados, mientras que en otros lugares se dice que algunos propietarios han conseguido abrir atajados de agua y horas de retroexcavadora.
La ABC dice que la extracción de áridos está enmarcada en la licencia ambiental del proyecto y que “conoce a detalle y es informada permanentemente por la Supervisión (EPTISA-CYPLA) de toda la Gestión Técnica y Socio Ambiental, a través de informes mensuales, trimestrales, semestrales y especiales”.
La lucha por el agua
Otro punto conflictivo es el agua en la zona. Don Víctor Flores no sabe cómo solucionará el problema que ha generado la empresa china al quitar un puente pequeño del antiguo tramo: ahora el agua de lluvia no corre y amenaza con ingresar a la comunidad.
“En enero y febrero viene la llenura con fuerza, nos pone en peligro, (también a) los pollos, patos, chanchos, ganado”, dice, mientras sus vacas se acercan con disimulo a oler las ollas en su cocina improvisada. El agua está detenida en una larga zanja paralela a la carretera al ingreso de la comunidad.
En la construcción de la carretera Bioceánica, inaugurada en 2012, ya tuvieron ese problema, como relata Sara Crespo, coordinadora de proyectos de Probioma: “Al levantar un terraplén para construir una carretera, estamos represando pequeños cursos de agua. Se hacen puentes para los cursos más grandes, se canalizan los cursos intermedios, (pero) los pequeños cursos se obstruyen. Entonces áreas que no se inundaban ahora se inundan y lagunas que antes existían se secaron”.
Don Víctor Flores no puede usar esa agua que está contaminada por el flujo de la carretera, pero al mismo tiempo carece del líquido para su consumo y de sus animales, y el municipio les envía una cisterna cada 30 o 40 días para llenar un tanque gigante de polietileno.
Lorenzo Pinto, un joven miembro del control social en San José, explica que sugirieron a la empresa china hacer atajados para acopiar agua en tiempo de lluvia con el fin de usarla en la construcción de la vía, pero “han sacado agua de los pequeños pozos que han hecho los comunarios con tanto esfuerzo o algunos propietarios sobre la carretera…, ahora están sacando agua de ahí y lo están dejando seco”.
Todas las comunidades en la Chiquitanía tienen dificultades en mayor o menor medida para acceder al agua. San Pedro de Sapocó también tiene problemas con el agua del río Sapocó que se represa en sus tierras. El municipio de San Miguel conectó una cañería hasta ese lugar para llevarse el agua al centro urbano sin consultarles.
“Nosotros tenemos un presidente de agua aquí. Hemos invitado al alcalde de San Miguel, no ha venido hasta ahora. Se están llevando el agua de nuestra comunidad, nosotros pagamos el agua. En San Miguel no pagan el agua y allá desperdician, revientan las cañerías”, dice José Domingo Masais, que también ejerce el control social en su comunidad.
La pequeña ciudad de San Miguel fue una misión jesuítica y se destaca por una de las magníficas iglesias construidas por los indígenas chiquitanos en esa época. La contratista china ha subcontratado a otra empresa para fabricar tubos de cemento a orillas de la laguna de donde se sacaba agua para los domicilios de la ciudad.
Un informe de miembros del Control Social Circunstancial de San Miguel, de septiembre de 2021, dice que “aún no se ha realizado el estudio ambiental sobre los efectos de la fábrica de tubos de alcantarilla a la laguna e inmediaciones pese a que ya existe un compromiso por parte de la empresa china”.
José Dorado sabe ahora que la empresa subcontratada será sustituida por otra y la fábrica se trasladará al municipio de San José de Chiquitos, así que su preocupación se ha concentrado, ya no por el impacto ambiental, sino por el pago adeudado a los obreros y por cómo dejarán el espacio cedido a la fábrica (parque infantil y centro vecinal).
La disponibilidad y fragilidad de los cuerpos de agua es un gran problema en toda la Chiquitanía porque la región padece sequía por lo menos cinco meses al año. Este lapso se incrementó a siete meses en 2019, según Fundación Amigos de la Naturaleza, con un “déficit hídrico extremo” por una precipitación menor hasta en 62% en comparación con la acumulada normal del período 1981-2018.
Esta zona del Bosque Seco Chiquitano es además una región azotada por los incendios forestales, región donde se quemaron la mayor parte de 3,9 millones de hectáreas en el departamento de Santa Cruz en 2019, el año con mayor cantidad de superficie afectada del último quinquenio.
Ante la escasez de agua, el TESA de 2016 ha previsto la perforación de diez pozos de 120 metros para el funcionamiento de las plantas de asfalto, hormigón y agregados que operarán a lo largo de la vía. Eso, y utilizar el recurso del río Sapocó, la laguna Pasiviquí y el Curichi, “únicos cursos con agua durante todo el año dadas las condiciones de sequía en el sector durante varios meses”.
Don Soriano Rivero López, cacique de Pasiviquí que trabaja como sereno en la alcaldía de San Ignacio, dice que los obreros de la contratista china “están haciendo un puente en la salida del agua de nuestra laguna; querían que yo, como autoridad, les firme un contrato de la alambrada… Me insistió el chino. ‘No te firmo’, le dije yo, ‘además este documento no sé si lo vamos a aceptar o no’. Quedamos así y no ha vuelto”.
Los comunarios de Pasiviquí, dice don Soriano, usan su laguna para recrearse y que beban sus animales, pero el agua para consumo humano la obtienen de pozo. “No creo que (la empresa china) agarre agua de la laguna, se está secando, los comunarios no lo van a permitir”, dice Fernando Rojas, el gran cacique de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (ACISIV).
El director de la ABC Regional Santa Cruz, David Acebey, explica que para la construcción de la carretera se están utilizando “todos los reservorios de agua superficial almacenada en curichis que se encuentran en el derecho de vía (DDV)”, es decir 50 metros a ambos lados de la carretera en construcción.
Y otras fuentes que “durante la época lluviosa se almacenan (en) grandes cantidades de agua en las sabanas y bajíos típicos de esta región”. En todos los casos, asegura que se utilizará hasta el 20 % de cada caudal.
Además, la ABC prevé “la construcción de pozos de agua profunda o subterránea que la contratista ejecutará y quedarán al final del proyecto de las comunidades de San Antonio, Portoncito y Quituquiña”, ubicadas en el municipio de San José de Chiquitos.
Eso está por verse. En Quituquiña, por ejemplo, hay problemas para obtener agua de pozo desde que se tiene memoria. Han perforado seis pozos sin resultados favorables en los últimos años. “Cuatro que no han dado agua, pero dos que han dado agua muy pesada, agua salada, no apta para consumo humano”, dice Ronald Zambrana, comunario y exconcejal.
Bastante lejos de Quituquiña, en la comunidad Santa María del municipio de San Ignacio de Velasco, están los interculturales asentados en los últimos diez años. Allí se siembra sésamo para vender a acopiadores y se cría ganado con programas de apoyo gubernamental.
Tampoco tienen agua fácil, y es un ejemplo de la dificultad de acceder al agua en la región. “Nuestro pozo es recién (perforado), hace dos años lo tenemos, con muchas gestiones que hicimos. La tercera vez que perforamos recién salió agua, porque una primera vez se perforó a 120 metros y no salió nada…, está el caudal entre 3.000 y 4.000 litros hora, no alcanza para una población elevada”, explica Edwin Soliz, un intercultural cuya comunidad tiene 63 familias.
El otro problema es la pugna por el agua con las propiedades privadas. Los grandes propietarios tienen grandes hatos bovinos que deben mantener en buen estado, para lo que suelen retener la corriente de un río que pasa por sus tierras en pequeñas represas, causando problemas principalmente a las comunidades indígenas.
Lorenzo Pinto explica: “En época de lluvia las propiedades privadas, arriba, han decidido hacer atajados, desvíos, canaletas, es complicado que el agua venga de otro lado (hacia las comunidades). El que tiene maquinaria hace lo que puede. Eso pasa en la mayoría de comunidades, peor si son extranjeros (los propietarios)”.
Sin alimentos propios
En esas circunstancias, la agricultura es una actividad de subsistencia que depende de la temporada de lluvias y en su mayor parte se destina a alimentar al ganado y animales menores. El resto de la alimentación se consigue de camionetas que circulan por las comunidades o en el mercado de la ciudad más próxima, donde los comerciantes, generalmente migrantes andinos, hacen llegar frutos agrícolas y alimentos procesados.
“El próximo conflicto en la Chiquitanía será por el agua”, dice Aldices Vadillo, responsable de Fundación Tierra en Santa Cruz. Relata que el arroz fue introducido por los jesuitas en la alimentación de los chiquitanos, pero ahora no se puede cultivar porque necesita una alta humedad en el terreno.
“Las tierras son fértiles, el problema es que no llueve, si vamos a sembrar plátano, maíz, yuca, si no llueve, vamos a perder. Por eso los hombres buscan trabajo en las haciendas, a 30 km, a 40 km, ganan su planta, vuelven para comprar víveres para su familia, lo poco que hay de maíz lo ocupan para la gallina, para el chancho y para la chicha”, dice José Domingo.
La ganadería en pequeña escala es la producción principal en las comunidades, y está alentada desde programas de entrega de animales y forrajes del gobierno nacional y de la gobernación departamental. Los comunarios cuentan que sus escasos bovinos se debaten entre el enflaquecimiento por falta de pastos durante la sequía y el engorde, otra vez, cuando llueve.
En el primer día de diciembre, cuando la temporada de lluvias debió haber empezado un mes antes, José Domingo Masais dice: “Dios se va a compadecer de nosotros y cualquier rato va a llover”. El cielo encapotado de esa primera semana del mes le respondió con chubascos ocasionales y localizados.
Pero las previsiones técnicas no son alentadoras. La FAN prevé a futuro una producción agrícola baja en rendimientos, mayor erosión del suelo, pérdida de cultivos, disminución de forraje para el ganado y aparición de enfermedades en bovinos.
Por eso también, los grandes propietarios insisten en la aprobación de semilla transgénica de soya resistente a la sequía en función de la producción de biodiesel impulsada por el gobierno.
El mercado de tierras
Al panorama de sequía y afectación a los cuerpos de agua en la zona, el informe TESA agrega que la carretera va a sumar una “permanente” e “irreversible” expansión de la frontera agrícola y ganadera, deforestación, aumento del turismo y crecimiento de asentamientos humanos y el comercio.
El mercado de tierras suele comenzar a moverse muchos años antes del inicio de obras y con el solo anuncio de la construcción del tramo, dice Alcides Vadillo. La información de que una carretera se abrirá genera expectativas en los propietarios que tienen tierras sobre la vía e incentiva a comprar a quienes tienen el efectivo.
Algo así pasó con la cantera de granito negro de San Pedro de Sapocó. La Fábrica de Mosaico y Marmolera Tuma Hermanos Ltda. logró el contrato minero en el año 2018, aunque previamente explotaba el granito negro del mismo cerro con autorización municipal de San Miguel porque el recurso estaba clasificado como “áridos y agregados”.
En una “consulta previa” para la fase de exploración minera, realizada por la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM), la representante de Tuma Hermanos le decía a la comunidad: “Queremos en principio entrar a explorar… No es que ahorita con el contrato vamos a entrar a trabajar, eso puede llevar años… No es que de una vez vamos a tener cosas, (ustedes) mucho se mentalizan en eso, quieren pedir una cosa, quieren pedir la otra”.
¿Hicieron la consulta previa, libre e informada para la fase de explotación? Fernando Tuma no dice ni sí ni no, pero afirma: “Si no la hubiéramos hecho, no nos hubieran dado el contrato (minero)”.
Así sucede con la tierra, se valoriza en términos comerciales. Entre los municipios de San José de Chiquitos, San Miguel, San Rafael y San Ignacio de Velasco hay 5.3 millones de hectáreas de tierras fiscales, según datos de Fundación Tierra de 2019. Algunas de esas tierras tienen categoría de reserva forestal o área protegida.
Salvo en San José, en las antiguas misiones jesuíticas no existen Tierras Comunitarias de Origen (TCO/TIOC): territorios indígenas reconocidos en la Constitución, donde su población puede teóricamente ejercer la autonomía.
En San José está reconocida la TCO Turubó-Este habitada por cinco comunidades, es la única con rango de territorio indígena. En San Rafael existe una demanda de la TCO Esecatato, desde el año 2004, para 17 comunidades, paralizada hasta el momento.
“El INRA aceptó esa demanda…, pero desde 2012, de forma arbitraria e ilegal, ha autorizado 95 asentamientos de comunidades (de campesinos migrantes) en un área demandada como TCO (Esecatato) por este pueblo chiquitano, un área declarada de vocación forestal”, dice Vadillo. Legalmente la zona, ubicada en el municipio de San Rafael de Velasco, debió quedar inmovilizada, sin autorizar nuevos derechos a terceros, hasta resolver la demanda.
En la ruta en construcción, las comunidades indígenas tienen títulos de propiedad colectiva que van de 500 a 4.000 hectáreas, donde se asientan cientos de familias.
Ahora el mercado de tierras se está dinamizando con un incremento en el valor de las propiedades, dice Alcides Vadillo, en una zona con tierras fiscales donde no ha terminado el saneamiento y existen casos de sobreposición, asentamientos recientes en antiguas reservas forestales y frecuente compraventa de las propiedades.
“La carretera aumenta la presión sobre estas tierras, lleva a nuevos sectores, económicos, sociales, productivos, a ocuparlas (…) y el BM en ningún momento consideró la posibilidad de condicionar o de avanzar, paralelamente a la construcción de la carretera, en la definición de los derechos de propiedad que salvaguarden derechos territoriales a los indígenas”, dice Vadillo. Algo que sí se hizo en la carretera Bioceánica, donde el saneamiento de tierras alcanzó a 10 km a ambos lados del tramo.
Edwin Soliz, un pequeño ganadero intercultural instalado hace 10 años en el distrito 7 de San Ignacio de Velasco, respalda esas afirmaciones: “Éramos la última comunidad (hace diez años), desde esa vez hasta ahora se han asentado unas 50 comunidades de interculturales, colonos, todos ellos del Chapare, Potosí, Sucre. La mayor parte (de tierras) eran concesiones forestales, luego queda como tierra fiscal, ahí es donde se han ido asentando las comunidades”.
Soliz calcula que en este momento ya no existen tierras fiscales para ocupar en su distrito municipal porque los asentamientos están rozando la reserva municipal que protege al Parque Noel Kempff Mercado.
La expansión de la frontera agrícola, permanente e irreversible, no solo será el “futuro inducido” por el tramo conector, como dice el estudio TESA, sino que es un hecho que afecta negativamente a las comunidades chiquitanas porque no tienen chance de acceder a más tierra.
¿A quién beneficia la carretera?
La ABC confirma un ascenso del interés comercial sobre la tierra. David Acebey explica que “las tierras se valorizaron debido a la carretera pavimentada” y “toda la producción agroganadera industrial de esta región se incorporará al país, con fuerte impacto en las oportunidades de trabajo para la gente y el desarrollo urbano de las cuatro poblaciones”.
La oferta laboral es un efecto inmediato de la carretera, pero incluso en este aspecto se registran frecuentes problemas con los obreros de las distintas comunidades. En octubre de 2021 se declararon en huelga por incumplimiento de la legislación laboral, y el 20 de octubre pasado, en presencia del Ministerio de Trabajo, firmaron un acuerdo para que la China State Construction pueda “garantizar nuevos contratos, pago de dominicales, recargo nocturno, bono de transporte, respeto a la normativa laboral y otros”.
Los problemas también suceden con las empresas subcontratistas. José Dorado, del control social en San Miguel, explicó que los obreros de la fábrica de tubos de cemento en su municipio acudieron a pedir su mediación para lograr el pago de salarios tres veces en seis meses.
El sector local de transporte de pasajeros sí se va a beneficiar de la vía porque sus baches no maltratarán los motores, aunque es una parte pequeñísima con dos minibuses por día entre San José y San Rafael y un autobús por noche en todo el tramo.
El otro tráfico importante que gozará de la carretera es el de los autos chutos (indocumentados) que proliferan en las urbes chiquitanas, y que no compran siquiera combustible en las gasolineras por falta de placa.
Tratando de ver el beneficio para las comunidades, José Domingo Masais opina que, cuando esté terminada la carretera, alguien puede instalar una pensión para alimentar a los viajeros o una gomería para reparar llantas averiadas.
Lejos de los deseos de los pobladores chiquitanos, el investigador Pablo Villegas afirma que toda la red de corredores en Bolivia está hecha para beneficiar a Brasil y Chile, es decir para que la soya y otros productos derivados (etanol, biodiesel, etc.) de la agroindustria brasileña puedan salir hacia el Pacífico y retornar con insumos y otros productos que ingresan por Chile.
Para eso sirve la carretera Bioceánica, con la que empalma la ruta SJ-SIV: para que el comercio regional pueda fluir entre el puerto de Santos (Brasil) con Matarani e Ilo (Perú) y Arica e Iquique (Chile), según un boletín del propio IIRSA. Si beneficia indirectamente a algún sector es al narcotráfico: “La ruta transita una zona roja del tráfico de droga y facilita como nunca el acceso desde el interior del continente a puertos de ambos océanos”.
En un taller sobre planificación territorial de la amazonía, Silvia Molina, ingeniera civil e investigadora en el CEDLA, explicó que la carretera SJ-SIV se construye vulnerando los derechos ambientales y de las comunidades indígenas.
“La licencia ambiental (de la carretera) es de 2011 y la actualización (TESA) es del 2016, a pesar de que la Ley del Medio Ambiente dice que cuando cambian las condiciones ambientales tiene que hacerse nuevos estudios –comentó Molina–. Tuvimos incendios en 2019, 2020 y 2021, y el proyecto se puso en marcha en uno de los peores momentos para la región”.
A esas observaciones hay que añadir las políticas del gobierno de Evo Morales para profundizar la penetración en la Chiquitanía: la Agenda Patriótica 2025, del año 2015, donde se anuncia que los bosques no serán considerados como “tierras ociosas para la agricultura”; y la Ley 1098 de ampliación de la frontera agrícola para fabricar etanol, del año 2018.
Las normas no pararon de llegar en el mismo 2019, año de inicio de ampliación de la carretera: el Decreto 3973 (abrogado) que autoriza el desmonte y quema en tierras de producción forestal permanente en Santa Cruz y Beni; y la autorización de más de mil nuevos asentamientos.
La experiencia reciente de la carretera Bioceánica (Puerto Suárez-Santa Cruz de la Sierra), en funcionamiento desde 2012, puede mostrar algo de lo que pasará en esta vía.
Sara Crespo, de Probioma, cuenta que los impactos acumulativos y sinérgicos del gasoducto a Brasil (operado desde 2010) y la Bioceánica aparecieron poco a poco. Solo por dar dos ejemplos del impacto ambiental: la comunidad de Taperas tenía una laguna que disminuyó de tamaño con el gasoducto y se secó con la Bioceánica; en Santa Ana de la Banda, otra laguna de un km² se redujo, luego se convirtió en curichi (pantano) y posteriormente desapareció.
Para Sara Crespo, esta lógica de intervención en la Chiquitanía –que incluye el avance de la minería, la frontera agrícola-ganadera, y la deforestación para la extracción de madera– apunta a una clara devastación en un corto o cortísimo plazo de un área extremadamente frágil como es el Bosque Seco Chiquitano y el Pantanal.
“La carretera para los transportistas es muy buena, pero uno que es pobre cómo va a igualar a un transportista, si no tiene los medios para viajar por la carretera y aprovecharla, nomás uno a veces (está) en su carroza o en su bicicleta o en su motito… Para los pueblos va a llegar la gente de diferentes lugares, irá a venir gente buena y gente mala porque así es”, dice Soriano Rivera.
En San Pedro de Sapocó todavía tienen pendiente otra definición que se viene conversando con la empresa china y la ABC: ¿en qué condiciones se removerán y reconstruirán las casas de los comunarios que quedan a ambos lados de la vía para dejar libres 50 metros de derecho de vía?
Imagen principal: Obreros trabajan en la chancadora de granito negro chiquitano Foto: Malkya Tudela
(Este reportaje ha sido producido con el apoyo del Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB)