Judicialización a defensores ambientales en el Chaco boliviano
Compartimos el último boletín Monitoreando, donde junto a Contiocap analizamos la situación de judicialización de las personas defensoras de medio ambiente en el Chaco de Bolivia.En el se analizan dos importantes casos de judicialización a personas defensoras: el de la comunidad Laguna del Gringo frente a YPFB, así como el caso de la comunidad San Antonio.
En julio de 2021, la comunidad Laguna del Gringo, ubicada en el municipio de Villamontes del departamento de Tarija, inició una vigilia pacífica, sin interrumpir el tráfico de vehículos ni de personas, en inmediaciones de la Planta de Gas La
Vertiente. Su acción de protesta se realizó exigiendo se les informe y se les consulte sobre un nuevo proyecto junto a La Vertiente, la Unidad de Amina. Además de estas demandas, la comunidad planteó que las actividades hidrocarburíferas asuman en serio las medidas de bioseguridad.
La empresa YPFB Chaco y la contratista Kayser jugaron a desgastar el movimiento, dándoles un sinfín de demoras y postergaciones a las reuniones de conciliación. Al final, optaron por la estrategia de amedrentar y escarmentar a través de un despliegue aparatoso de efectivos policiales el 12 de agosto y la posterior apertura de procesos penales contra 3 de sus líderes.
Finalmente, la estrategia de las empresas y el gobierno venció a la comunidad. El 26 de agosto se firma un “Acta de buen entendimiento” por la que YPFB Chaco se compromete a retirar los cargos que han dado inicio al proceso, para lo cual remitirán el acta al Ministerio Público.
En el caso de la comunidad San Antonio, tres defensores ambientales como María Elena Cuellar Torrez, Blanca Melgarejo Avayuma y Marianela Dorado Ruiz han sido judicializados por exigir a YPFB Chaco, la paralización la actividad de la “planchada LMS-X13”, hasta que la comunidad tenga su nuevo directorio.
Es recurrente la judicialización a defensores ambientales. Se ha hecho común por parte del Estado, YPFB y de las empresas transnacionales: acusar, procesar y penalizar a los dirigentes que han movilizado a sus bases para exigir el respeto sus derechos humanos y ambientales.
Como narran las personas víctimas de esta situación, el extractivismo hidrocarbúrifero los ha puesto al filo de las cárceles del país, donde el pecado es defender sus derechos y buscar la manera de parar con esta actividad que daña su hábitat, ahuyenta sus animales, impacta contra la flora y la fauna, además contamina y acaba con los recursos hídricos. Te traemos dos historias de esta realidad desde el Chaco.
