Dentro las mafias de loteadores circulan armas y reina la ferocidad (Opinión, 10.08.2014)

Carpas armadas de forma improvisada los refugian durante sus asentamientos en tierras ajenas y, en caso de que su entorno se resista a aceptarlos, llevan también dinamitas y hasta escopetas que los acompañan en su “lucha loteadora”.

Estos “grupos de criminales organizados” se valen de las esperanzas de la gente humilde y -obviamente- sin casa propia, para, por un lado, lucrar con lotes inexistentes, y por otro avasallar tierras, según el docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Fernando Salazar.

Los loteadores toman cuanta tierra “inactiva” encuentran a su paso, sin importar si ésta funge como espacio público o no. Plazas, haciendas y avenidas son algunas de las propiedades que figuran en su listado.

Y, ante la más mínima resistencia por parte de los vecinos o propietarios de los lotes, la reacción de la masa loteadora es violenta.

“Hemos sufrido más de dos semanas, esos días yo me he arrepentido de venirme a vivir por esta zona”, recuerda Esteban M., un vecino de Sumumpaya Norte (kilómetro 8 de la avenida Blanco Galindo), quien vivió de cerca un enfrentamiento por tierras, el año 2009.

Cuenta que los centenares de “Inquilinos”(denominativo que se pusieron los loteadores) se asentaron en tierras que el Arzobispado había cedido a un grupo de adjudicatarios. Así que la Policía tuvo que intervenir.

Sin embargo, los uniformados poco o nada podían hacer porque los “Inquilinos estaban muy bien armados”. “Usaban matasuegras o no sé si eran dinamitas, pero yo temía por la integridad de mi familia”, recuerda Esteban.

Durante ese período, él y sus vecinos no enviaron a la escuela del barrio a sus hijos porque los loteadores habían amenazado con tomar el establecimiento.

“Dormían en sus carpas y comían de una olla común. No se querían mover”, narró otra vecina, Lilian Mercado. Acotó que le tocaban su puerta para pedirle agua, pero ella les negaba porque “eran personas que estaban atemorizando al barrio”.

ENFRENTAMIENTOS

Durante su permanencia en las 24 hectáreas ubicadas en Sumumpaya Norte, los loteadores defendieron a capa y espada -literalmente- esas tierras. Todos tenían palos y piedras, pero los cabecillas llevaban además dinamitas, bombas caseras y petardos.

Con esa munición pudieron resistir por un buen tiempo la intervención policial que, en algún momento, llegó a movilizar hasta 500 uniformados.

Al final, el derecho propietario de los verdaderos dueños prevaleció y centenares de familias desocuparon Sumumpaya Norte con la certeza de que fueron estafados, pues cada uno dio 105 bolivianos por lote a la “Chilindrina”, líder de los loteadores.

Ella se benefició con más de 28 mil bolivianos que supuestamente los usaría para contratar arquitectos, abogados, entre otros profesionales.

PROPUESTAS ATRACTIVAS

Según Salazar, los cabecillas de estos grupos de loteadores hacen una serie de propuestas atractivas a la gente que no tiene casa, con la finalidad de que caigan y entreguen dinero en diferentes montos.

Uno de estos ofrecimientos es la protección estatal.

“No es posible pensar en una actividad ilegal sin complicidad de autoridades políticas”, manifestó Salazar.

Por tanto, los traficantes de tierras les dicen a sus víctimas que “un alto militante los está protegiendo”. Entonces, la gente se suma y cae en el cuento del tío.

Esto sucedió con cerca de un centenar de personas que pagaron entre 4 mil y 6 mil dólares a la exdirigente del Plan Nacional de Empleo (Plane) y de un partido político, Roberta Vargas.

La mujer ofreció terrenos de hasta 500 metros cuadrados en el cerro de Cota (Quillacollo) a gente sin casa. Sin embargo, al poco tiempo apareció la verdadera dueña.

La traficante de tierras fugó con aproximadamente medio millón de dólares y tras un proceso de investigación, según Salazar, se reveló que la misma estaba vinculada con el narcotráfico y tenía tres procesos previos.

PRECIOS BAJOS

Otra de las estrategias que usan los loteadores es ofrecer precios bajos por tierras que son irregulares. Muchas veces las víctimas saben que se están metiendo a algo ilegal, pero tienen la esperanza de que esos predios se regularicen.

Por tanto, Salazar instó a las autoridades que en caso de que algún funcionario esté inmerso en el mercado negro de tierras, se lo sancione como se debe. Solo así se evitará que más gente inocente sea estafada, apostilló.