Develan red de tráfico de tierras en área urbana cruceña (Cambio, 04.12.2013)

La publicación de Cambio Reportajes “Avasalladores Depredan Santa Cruz”, que circuló el 24 de este mes, indujo a un grupo de cruceños a presentar al Ministerio de Comunicación un trabajo de investigación que devela una red de tráfico de tierras que supuestamente lidera Mario Horacio Gil Sosa, conocido como el “Negro Gil”.

Los denunciantes solicitaron al Gobierno investigar los nexos de Gil con siete presuntos subordinados y pidieron mantener sus nombres en reserva por razones de seguridad.

Citaron como co autores a Victor Hugo Suárez Rocha, Venerable Huanca Gutiérrez, los hermanos Wilfredo y Elizabeth Llampa Cayoja, a Jestin Cavello y su ex esposa Katherine Montaño Terrazas, además de Sonia Suárez y Ramiro Condori Mamani.

SUÁREZ

Víctor Suárez sería compadre de Gil y su “matón de extrema confianza”, y se presupone que avasalla los predios armado junto a centenares de pandilleros, agrediendo a los propietarios, saqueando sus pertenencias, quemando el resto y montando guardia armada para afrontar a las autoridades.

Un antecedente de Suárez es registrado por El Deber el 25 de noviembre. Indica que se lo considera “un hombre peligroso y violento que dirigía turbas de loteadores profesionales para tomar predios legalmente establecidos”.

La información añade que la jueza cautelar Lili Salazar lo envió a la cárcel de Palmasola, luego que la fiscal Pura Cuéllar lo imputó por robo agravado, allanamiento, asociación delictuosa y amenazas de muerte, entre otros.

La Fiscalía indicó que el 2010, la propiedad de los esposos Alberto Gómez y Norah Clementelli, ubicada en el kilómetro 5 de la carretera a Cotoca, fue ocupada de manera violenta.

Este caso también fue expuesto en el trabajo de investigación que realizó Cambio en las páginas 8 y 9 del citado Reportaje.

HUANCA

El grupo de denunciantes indicó que Venerable Huanca sería el encargado de abrir calles dentro de los predios tomados y “dejar en claro que no poseen dueño” con el objeto de estafar a múltiples personas.

Dijeron que, para sus cometidos, afirma que cuenta con el respaldo del presidente Evo Morales, de varios miembros del gabinete Ministerial  y otras autoridades.

El 30 de noviembre el diario El Día informó que Huanca está entre quienes fueron citados por la Fiscalía para declarar sobre asentamientos ilegales.

El nombre de esta persona también figura dentro de varios procesos judiciales publicados en línea por el Tribunal Constitucional, así como unos nueve videos alojados en YouTube, donde se muestran las versiones de presuntos afectados.

LLAMPA

Se presume que los hermanos Wilfredo y Elizabeth Llampa estarían a cargo de estructurar juntas vecinales irregulares, mediante las cuales realizan solicitudes para la dotación de servicios básicos a los predios avasallados.

Dentro de esa labor, presentan recursos legales contra el Tribunal Constitucional, los juzgados, la Fiscalía, la Gobernación cruceña, las alcaldías, el Plan Regulador y otras instancias más.

Al respecto, Cambio halló el Auto Constitucional  0069/2013-RCA fechado en Sucre el 25 de abril de 2013 que da cuenta que los Llampa entablaron una querella contra la Oficial Mayor de Planificación y el Jefe del Departamento de Cartografía, del municipio cruceño.

Los denunciantes añadieron que la familia tendría personal  a su cargo para cobrar y extorsionar a quienes compran los terrenos, gente que además quema las casas y saquea las pertenencias de quienes dejan de ser “rentables”.

Para realizar esas actividades, dijeron, “se camuflan como militantes del partido de Gobierno mostrando credenciales con las cuales recaudan millanarias sumas que entregan a Mario Gil”.

MONTAÑO Y SUÁREZ

En la lista de sindicados también figuran Katherine Montaño y Sonia Suárez, quienes serían las presuntas “recaudadoras” de Mario Gil, tanto para la venta de terrenos, como para la extorsión de los compradores de los lotes.

“La señora Montaño fue imputada, guardó detención preventiva, tiene medidas sustitutivas y habría vuelto al loteamiento, siempre lleva un revólver calibre 38 para amedrentar a quien la desafíe, como consta en declaraciones hechas tras un desfile identificativo”, señalaron.

Al respecto, Cambio indagó que el nombre de ambas ciudadanas figura en un litigio por tierras que figura dentro del expediente 2011-24300-49-AAC caratulado como Alberto Gómez Salazar c/ Sonia Suárez y otros, que reside en la capital cruceña.

CAVELLO

Los denunciantes refirieron que Jestin Cavello sería el supuesto “colaborador de confianza” de Gil para la logística de avasallamientos, por lo cual -aparentemente- se encarga de distribuir a los grupos de avasalladores “víveres, droga, alcohol, bombas molotov, machetes y otros instrumentos”.

También estaría encargado de trasladar a Montaño para que entregue el dinero recaudado al presunto cabecilla de la organización de avasalladores.

El nombre de Cavello aparece junto a los de las señoras Montaño y Suárez en el expediente arriba descrito.

CONDORI

Los denunciantes sospechan que Ramiro Condori fungiría como chofer y mensajero del presunto líder de la organización, ya que estaría dedicado a trasladar a los grupos de avasalladores, llevarles provisiones y entregar coimas a fiscales, abogados y jueces.

Al respecto, este matutino halló un informe de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1725/2012 fechada en Sucre el primero de octubre de 2012, donde la Sala Liquidadora Transitoria alude el nombre de esta persona.

El texto señala que el 25 de febrero de 2010, Condori irrumpió junto a 50 personas armadas en el predio El Bajío de propiedad del Banco Unión.

Cuando llegó al lugar al promediar las 20.30 horas, derribó el enmallado y destruyó las plantas frutales, extremo que fue constatado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

GIL

Respecto de esas acusaciones, este matutino intentó comunicarse de forma insistente con Mario Gil durante la mañana y primeras horas de la tarde del lunes 2 de diciembre, pero al parecer su celular se encontraba apagado o fuera del alcance de la señal.

Sin embargo, en el marco de la responsabilidad periodística, recordamos que en Cambio Reportaje del 24 de noviembre, el señor Gil negó toda relación con cualquier tipo de grupos organizados en el tema de avasallamientos.

Al contrario, afirmó ser víctima de un conjunto de avasalladores que ingresaron a sus predios y que las denuncias que surgen en su contra sólo pretenden desprestigiarlo con el objeto de apoderarse  de los predios que son parte de su empresa inmobiliaria.

CEPB: el Gobierno debe actuar con todo el peso de la Ley

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, indicó a Cambio que “el Gobierno tiene que actuar con todo el peso legal que le otorga la Constitución Política del Estado y otras leyes para desalojar y liberar los predios afectados”.

La propiedad privada es un principio básico constitucional y las tomas ilegales afectan los predios privados de personas que están trabajando la tierra y que han invertido en esos terrenos.

Se debe “garantizar a los industriales y agropecuarios que esas tierras van a estar protegidas” de manera legal porque los invasores, no sólo afectan al propietario legal sino que también perjudican la producción que se realiza en ellas.

El riesgo que se corre como consecuencia de los avasallamientos es la pérdida de confianza en los productores, lo cual genera un desincentivo para cumplir con las metas fijadas y no permite que se produzcan los alimentos que precisa el país.

“Los avasalladores cometen un gravísimo delito y atentan contra la seguridad alimentaria nacional”, acotó Sánchez.