Fiscalía demora inclusión de Sacha en caso Chaparina (Página 7, 25.9.13)
El actual fiscal de Distrito liberó de toda culpa al principal sospechoso, el exministro de Gobierno Sacha Llorenti. La resolución fue objetada y hace un año que nadie se pronuncia.
El 30 de julio de 2012, la comisión de fiscales, conformada por José Ponce y Patricia Santos, emitió la resolución por la cual excluye de la investigación al principal sospechoso de violación a los derechos humanos de los indígenas, el exministro de Gobierno Sacha Llorenti.
Trece días después, esa decisión fiscal fue objetada y a la fecha la Fiscalía del Distrito perdió de vista la impugnación que exige la inclusión del hoy embajador de Bolivia ante la ONU.
Tras el sobreseimiento, Ponce fue designado fiscal de Distrito el 12 de noviembre de 2012, lo que impidió que él pueda pronunciarse sobre la objeción presentada por la abogada Aida Camacho. Con el argumento de que no puede ser «juez y parte”, por procedimiento interno, sortearon a un fiscal alterno y el caso fue a parar a manos de la fiscal Rosario Venegas, asignada a la Aduana Nacional de Bolivia, según informaron a Página Siete cuando acudió al despacho del fiscal Ponce.
Venegas, contactada telefónicamente por este matutino, manifestó: «No me entregaron el cuaderno de investigaciones, no me hicieron conocer nada y no sé en qué momento me darán la documentación”.
Esa afirmación contradice a la información del despacho del fiscal del Distrito que evita pronunciarse sobre el pedido de la parte acusadora en contra de Llorenti, que asumió el cargo de embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 22 días después de haber sido beneficiado por la resolución de los fiscales.
El abogado de las víctimas de la represión, el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín, observa la posición de los fiscales como una estrategia dilatoria, maniobrada desde el Gobierno, porque si el Ministerio Público incluye a Llorenti en el caso Chaparina, los fiscales asignados tendrían problemas políticos.
«Si lo excluyen, aumentarán los problemas con el pueblo y los indígenas, por eso nadie quiere agarrar esta papa caliente”, declaró Albarracín a Página Siete, a tiempo de atribuir a los fiscales una actitud cómplice con la impunidad por violación a los derechos humanos en la represión policial a la VIII marcha del TIPNIS del 25 de septiembre de 2011 en Chaparina, Beni.
Un informe reservado firmado por el general de la Policía Edwin Foronda y difundido el 14 de agosto de 2013 por el MSM señala que «la orden de intervenir la marcha la dio la exministro Sacha Llorenti el 24 de septiembre de 2011”.
Días antes, el exdirector de Régimen Interior de la gestión del exministro Llorenti, Boris Villegas, quien se encuentra recluido en el penal de Palmasola por otro caso, declaró ante la comisión de fiscales que la orden de intervención fue verbal porque «nunca daba instrucciones escritas, con el fin de eludir responsabilidades futuras… Farfán fue quien transmitió la orden de Llorenti a la plana mayor de policías”.
Fiscalía General es la última instancia
La Fiscalía General del Estado es la última autoridad jerárquica que deberá resolver la objeción a la resolución que saca de la investigación al exministro de Gobierno Sacha Llorenti, del caso Chaparina, informó la fiscal asignada al caso, Patricia Santos.
«Tenemos que remitirnos a la Ley Orgánica del Ministerio Público, como al procedimiento penal, el señor fiscal general es la última instancia que debe resolver esta situación”, manifestó la fiscal Santos al advertir que la comisión de oficio no incluirá a Llorenti en las investigaciones de la represión a los indígenas.
La comisión de fiscales, conformada por Patricia Santos y José Ponce, resolvió excluir a Llorenti del caso Chaparina. Esa decisión fue objetada por los indígenas que marchaban en defensa del TIPNIS y fueron reprimidos violentamente por la Policía el 25 de septiembre de 2011.
Santos aseveró que la comisión de fiscales «en su momento ya emitió un criterio, en consecuencia en este momento ya no es competencia de la comisión de fiscales” si se incorpora o no a Llorenti.
Según la fiscal, son tres las personas imputadas formalmente y solicitaron al Ministerio Público medidas cautelares contra Marcos Farfán, por los delitos de vejamenes y torturas.
Mientras el dirigente campesino Rafael Quispe aseveró que «el responsable número uno es Sacha Llorenti, no lo digo yo, sino lo dicen las declaraciones de Boris Villegas, quien era parte del ministerio”.
En descargo, el exministro de Gobierno Sacha Llorenti, el 25 de noviembre de 2011 afirmó, en conferencia de prensa, que la represión de Chaparina fue porque se rompió la cadena de mando.
Beatriz Layme
La Paz
