Extractivismo: Hay resistencia a proyectos (El Día, 6.8.17)
Por tres actividades en el país
Nosotros no tenemos derecho ni siquiera a cortar un palo, pero no entendemos cómo el gobierno, vía decretos, quiere hacer exploración hidrocarburífera en nuestro territorio», describe Paola Gareca, dirigente del Cantón Tariquía, sitio donde está la reserva natural biológica de flora y fauna del mismo nombre.
Dicha expresión forma parte de cientos de familias campesinas e indígenas de distintos puntos del país, que en suma se convierten en voces de rebeldía contra las actividades y proyectos extractivas que el gobierno de Evo Morales, viene llevando adelante en unos y en otros piensa ejecutar.
El extractivismo, entendido como «la extracción de grandes volúmenes de recursos naturales con altos impactos sociales y ambientales y que están esencialmente orientados a la exportación a los mercados globales», según el experto urugayo Eduardo Gudynas ha convertido a los gobiernos países productores de maneterias primas en «hiperextractivistas», como lo caracteriza a Bolivia.
En ese ámbito, diferentes intelectuales, organizaciones no gubernamentales, colectivos ciudadanos, plataformas sociales y las propias comunidades indígenas, en las últimas semanas han resuelto hacer frente al vendaval gubernamental que busca descargar sus necesidades socioeconómicas, en una mayor extracción de materias primas para la exportación, en este caso no solo es la minería, no solo es la extracción de más gas o petroleo, sin la construcción de millonaria megarrepresas hidroeléctricas como son El Bala, Chepete, Miguillas y Rositas.
«Todo este conjunto de actividades extractivas, al igual que en América Latina, en el caso de Bolivia,no es la excepción, de a poco nos damos cuenta que esos proyectos están vinculados a criminalizar a cualquier movilización social y crítico de estas actividades de parte del gobierno», señaló Óscar Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
En voz propia de los afectados. En un encuentro realizado en la ciudad de Cochabamba, El Día pudo conocer, no solo la vivencia en carne propia de distintas comunidades sino la amenza cierta y sistemática en contra de los intereses de la naturaleza, las comunidades indígenas, como consecuencia del alto impacto ambiental que se alertan cada uno de los proyectos extractivos.
En cambio, Cristian Buitrago, investigador de Cáritas Bolivia, organización que trabaja en contacto de las comunidades de Tariquía, señala que los indígenas y campesinos están amenazados por la reserva de 240 mil hectáreas, cuyo 55% de superficie estaría afectada si acaso se lleva adelante la exploración hidrocarburífera.
«Son pueblos amenazados por tres empresas como Petrobras, Gasprom y Chaco YPFB. Lamentablemente, no hay consulta de buena fe, dado que se hace un proceso oscuro. Cualquier reunión se lo pretende hacer pasar como consulta previa», denunció Buitrago.
A su vez, Gareca señala que hasta el momento no ha habido una consulta previa y de paso, tampoco se tiene una información clara. «Lo peor, es que apenas hicieron una primera reunión informativa, eso están haciendo pasar como si hubieran hecho una consulta. Eso es acto de mala fe de parte del gobierno en contra de nuestra comunidad que se dedica a la producción de maíz, papa y arveja” argumentó la máxima ejecutiva del cantón Tariquía.
Bajo preaviso de traslado. Para Bebeto Álvarez Zárate, de la comunidad El Yumao del muncipio de Gutiérrez, de 25 familias, la gran preocupación de su comunidad guaraní es el proyecto hidroeléctrico Rositas, sobre el río Grande, cuyas familias anticipadamente han recibido un anuncio de que serán trasladados donde históricamente han vivido.
«Nosotros nos dedicamos a la agricultura, la pesca y la ganadería, no estamos de acuerdo con el proyecto, por lo que no sabemos qué vamos hacer, dado que ya nos anunciaron que todos debemos salir hacia otros sitios como Bajo Izozo, municipio de Charagua», relató Álvarez.
El hecho, además estriba en que muchas familias, al menos de otras 40 comunidades, se dieron cuenta vía información técnica y experimentos en campo, de que las aguas provenientes de las represas no servirán para riego como anticipa el proyecto que maneja el gobierno. «Esas aguas no sirven para riego, dado que hemos verificado que las plantas y pastizales, por su alta salinidad se mueren. Metemos riego y al cabo de un tiempo se secan las plantas», precisó.
El Plan 2025 del Gobierno pretende el cambio de la «matriz energética», partiendo del hecho que actualmente las termoeléctricas a gas generan el 69% de la energía eléctrica, las hidroeléctricas el 30% y el 1% proviene de fuentes alternativas. Para el 2025 Ia configuraci6n será inversa: energía de hidroeléctricas 70%, termoeléctricas 26% y energías alternativas solo el 4%.
“Este Plan es devastador para el medio ambiente», dice un análisis conjunto de los propios habitantes con asesoramiento de colectivos ciudadanos y organizaciones no gubernamentales.
En el otro extremo del país. «Estamos amenazados a sobrevivir, porque una empresa China está desarrollando explotación de cobre a cielo abierto. Eso daña nuestras aguas, pastizales y nuestro ganado, denunció Wálter Gutiérrez Calle, Corregidor de Choquecota, provincia Jach’a Carangas del departamento de Oruro.
La autoridad política, del municipio colindante de Turco (Provincia Sajama), informó a El Día, que en el cerro denominado «Lllallagua Kollo» está la mina Cuprita I y ahora con la empresa China Yan Fan S.A, bajo el denominativo de D’Cobre se desarrolla Cuprita II, bajo la modalidad de cielo abierto, donde se entiende que hacen desaparecer un cerro para hacer otro, pero con grandes impactos ambientales.
“Represento a las ocho comunidades de Choquecota. La explotación que están haciendo los chinos es en la Cuprita I y ahora en la Cuprita II quieren extenderse al menos a 30 hectáreas, para ello han planificado afectar 26 cuadrículas. Ese es un grave daño ambiental para nuestras comunidades campesina ganaderas de llamas y alpacas», señaló.
Según Victoria Huanca, del colectivo ciudadano en defensa del medio ambiente «Wasipacha2 (Nuestra tierra), en la tercera consulta de la mina Cuprita II, que fue el 7 de julio, las ocho comunidades del Ayllu Sullcamiri se opusieron a dicha explotación y presencia de la empresa china. «Ahora, los habitantes del campo temen que les espera la criminalización de dicha postura de los campesinos al negar dicha actividad», señaló.
Tanto Choquecota y Turco comparten territorio en la mina, una zona inminentemente ganadera, que en buenas épocas de lluvia, incluso hay actividad agrícola, ahora solo criamos llamas y alpacas. «No nos queda otra que denunciar en distintos eventos nuestra triste realidad.
Además, ni las autoridades municipales y de la Gobernación hacen algo por nosotros. Incluso nuestros vecinos de Turco, cuyo municipio, sin darse cuenta viabilizó con dicha inversión china”, finalizó Gutiérrez Calle.
«Los pueblos sobre todo indígenas expresan su resistencia.
El gobierno debería escucharlos cuando ellos solo defienden la naturaleza que los cobija»
Amparo Carvajal
Presidente de la APDHB
«La minería genera un daño medioambiental sin reparos. Para un gramo de oro hay que mover 20 mil toneladas de tierra».
Geogina Jiménez
Investigadora
EL Tipnis fue el punto de inflexión de Evo
Investigadores, políticos, dirigentes campesinos, entre otros, coinciden que en los 11 años de gobierno de Evo Morales, la actividad extractiva se ha acrecentado, tanto que en algunas regiones del país, el propósito se ha ampliado afectando áreas protegidas y reservas naturales como la intención del gobierno de construir la carretera entre el trópico de Cochabamba y el Beni, afectando el Parque Isiboro Sécure del Tipnis.
Paradoja. Según la crítica al gobierno actual, esa intención de hacer la carretera ha sido el punto de inflexión de la administración Evo Morales, donde discursivamente la defensa de la madre tierra y el respeto al medio ambiente se cayó.
Punto de vista
«Lo que estamos viviendo en Bolivia es muy grave, dado que no estamos siendo capaces de hacer visibles un drama que vive situaciones muy distintas en el país. Además de lo que tanto se habló del Tipnis, ahora nos encontramos lo que está ocurriendo en el país en distintos puntos como en el caso de Turco con la explotación minera a cielo abierto, o las comunidades convergentes en la zona de las comunidades guaraníes con respecto al megaproyecto hidroeléctrico Rositas. También tenemos con las comunidades Tacobo Mora en el Chaco y las comunidades en Tariquía.
Lo más preocupante, mientras el país mediáticamente está distraído en otras cosas o en cualquier cosa, es que estos hechos están ocurriendo, no es solo lo que se dice sino las mismas comunidades en carne propia están expresando su realidad.
El contexto nos permite no solo conocer una agresión a las áreas protegidas sino a las comunidades, en algunos son ambas cosas. Lo que me preocupa de todo esto es la utilización mañosa de las consultas previas. Hay que sistematizar esas consultas, lamentamente se vulnera un derecho que debería ser protegedor y respetuoso con las comunidades que son objetos de afectación de las actividades extractivas.
En perspectiva, la herencia es dramática para las futuras generaciones, para eso necesitamos generar alternativas de desarrollo, que representa un desafío formidable, no son imposibles que tienen que ver con una forma diferente de habitar el planeta, Hay muchas alternativas posibles, con una visión de país y propuestas muy concretas».
