Cedib: “Tarija es una de las más perjudicadas por explotación” (El País, 1.7.15)
El Decreto Supremo 2366 aprobado el 20 de mayo por el presidente Evo Morales, tiene por objeto establecer las medidas para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos en todo el territorio nacional, incluyendo las áreas protegidas.
En Tarija se tienen tres áreas, el Parque Nacional Aguaragüe, la reserva natural de Flora y Fauna de Tariquía, y el área Biológica de la Cordillera de Sama. En las dos primeras se tienen planes de exploración para buscar recursos.
Marco Gandarillas es sociólogo, investigador social y director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), con quien ahondamos en la temática de los derechos indígenas que habitan estas tierras, y las políticas económicas de explotación y exportación de recursos naturales que los involucran.
El País eN.- (EPEN) ¿Es factible la autonomía indígena en la coyuntura sociopolítica y económica boliviana?
Marco Gandarillas.- (MG) En el actual contexto es muy difícil que los territorios autónomos sean viables, con la sobreposición de aéreas hidrocarburíferas, mineras, y la explotación del Gobierno sin consultar a los pueblos, todas las normas que se han ido promulgando recientemente niegan completamente el derecho a la consulta, modificando una norma del año 2006 que establecía un procedimiento que respetaba la institucionalidad y la participación. Ahora con el Decreto 2366, lo que se hace es agilizar el proceso, en un punto en que puede darse incluso sin que participen los pueblos involucrados.
EPEN.- Teniendo como referencia el contexto internacional, ¿qué opinión tiene el Cedib sobre la participación de los pueblos indígenas en los procesos de desarrollo que se da en Bolivia?, ¿Qué pasa en cuanto a sus derechos?
MG.- Bolivia tiene un retroceso de más de 40 años a nivel de normas ambientales y a nivel de derechos indígenas. Por qué digo esto, porque se impuso varias obligaciones siendo poblaciones vulnerables cultural, social, ambientalmente. Bolivia lo que está haciendo es desconocer todas las leyes que como país ha suscrito, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas los Pueblos Indígenas, y la propia Constitución. En ese sentido, la norma obliga en caso de oposición a los pueblos a aceptar condiciones que a ningún otro sector de la sociedad obligarían.
EPEN.- En base a los datos estadísticos que manejan como institución, ¿Cómo ven en el futuro la situación de los indígenas bolivianos?
MG.- Lo que yo creo y se está mostrando, es que las poblaciones están en un proceso de extinción. Bolivia puede mostrar que ha titulado casi 20 millones de hectáreas como TCO (Tierras Comunitarias de Origen), pero los hechos muestran que el Estado sobre estos territorios, a pesar de tener este título colectivo que le da seguridad jurídica, entrega derechos hidrocarburíferos, mineros. Entonces en el papel los indígenas tienen mucho territorio pero en la práctica no lo tienen, es más, sus derechos humanos básicos no son respetados como se lo haría al tratarse de otro sector.
EPEN.- ¿Cree que ellos están listos en su estructura organizativa para afrontar este tipo de desarrollo?
MG.- Son poblaciones vulnerables, a pesar de que han podido constituir sus organizaciones representativas, las normas los desconocen. Por ejemplo, el último Decreto establece que puede haber consulta sin la participación de las autoridades o instancias representativas de los pueblos; se desconoce su estructura organizativa, entonces son vulnerables, están débiles, pero persiste en ellos un rechazo a desaparecer. De eso estamos hablando en Bolivia, casi todos los pueblos indígenas están en fragilidad.
E.P. En un informe del Cedib señalan que cinco de las 22 áreas protegidas serían desnaturalizadas, dos de ellas de Tarija ¿A que se debe esta advertencia?
MG.- Hay tres aéreas protegidas en Tarija, dos de ellas en peligro: Tariquía con una superficie de 247.435,12 hectáreas (Ha) de las que 136.277, 3 Ha son afectadas; y la reserva del Aguaragüe, que tiene una extensión de 108.348,00 Ha, que muestra un total de 78.595,00 Ha de afectación.
El Aguaragüe pertenece a una zona con problemas de sequía, y se entregó a la petrolera más proyectos hidroeléctricos, más la construcción del túnel y otras actividades en la serranía, cambiarán drásticamente sus funciones en el ecosistema. En cuanto a Tariquía, que tiene un 70% comprometido por los contratos petroleros, dejará de ser un área protegida, para convertirse en un área petrolera.
Tarija es uno de los lugares más perjudicados, uno de los lugares donde tiene que haber mayor preocupación por lo que se ha decidido y se está decidiendo, porque el decreto atenta contra dos parques vitales para la vida, en lo urbano y rural de todo el departamento.
