Cambiar áreas agrícolas a urbanas es motivo para feroces peleas por tierras (Opinión, 08.07.2012)
En los últimos seis meses se ha registrado una serie de conflictos por la propiedad y tenencia de tierras en Cochabamba. Los casos más recientes fueron en Albarrancho, Tiquipaya, El Abra y Esmeralda Sur (kilómetro 7 a Sacaba). En el primer sitio incluso se armaron de palos en cuyas puntas estaban clavos. Los heridos llegan a las decenas.
ANTECEDENTES De acuerdo a la abogada especialista en derecho agrario y exdirectora nacional de Saneamiento, Norma Rodríguez, explica que con el transcurso de los años se ha producido importantes modificaciones en el uso de la tierra y el valor de la misma, con el riesgo inminente de la desaparición de áreas de producción agrícola. Por un lado los campesinos que fueron dotados por la Reforma Agraria de pequeñas propiedades han fraccionado las mismas agudizando el minifundio en la región. Por otro lado los expatrones, en algunos casos han vendido sus tierras, otros las han mantenido bajo formas de arriendo y algunos las han guardado para «engorde» de las mismas.
ACTUALIDAD Haciendo un análisis de la situación actual en algunas de las zonas mencionadas, el abogado especialista en derecho agrario y exvocal del Tribunal Agrario de Bolivia, Luis Arratia, considera que el cambio del uso de suelo es el factor que está ocasionando el problema por la tenencia de tierras en Cochabamba. «Las personas han visto como mejor opción económica no cultivar la tierra, al menos no tanto como antes, sino destinarla para uso urbano. Los gobiernos municipales no pudieron hacer frente a estas dinámicas de urbanización de manera ágil. Estas no se están realizando de forma ordenada y en el marco de la ley», sostiene Arratia.
El conflicto en el derecho propietario, de acuerdo a Arratia, surge ante la posterior urbanización de tierras, que es cuando los gobiernos municipales deciden regularizar los terrenos y agrega que «en este proceso de urbanización informal, muchos casos están afectando a terrenos que deberían destinarse a áreas verdes o terrenos colectivos de las comunidades campesinas, y en muchos casos se está vendiendo terrenos que pertenecen a otras personas». Es de esta situación que deriva la mayor parte de los conflictos que se está suscitando en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). El conflicto de derecho propietario especifica porque esos terrenos están siendo vendidos, tomados o avasallados por personas que quieren lotear, añadió Arratia.
Asimismo Arratia explica que muchos de los problemas no son sobre las propiedades individuales que ha distribuido la Reforma Agraria, sino sobre los terrenos colectivos. Estos terrenos se otorgaron en favor de comunidades campesinas. En muchos casos se otorgó también de manera común a los antiguos terratenientes, los propietarios y campesinos, agregó Arratia. «Esa fue la principal dificultad, porque cuando llega la urbanización, cada área tiene múltiples dueños o no ha sido transferida, y como todavía no se ha clarificado a quién le pertenece ahí deviene que una área colectiva ha sido vendida por dos propietarios diferentes», dijo Arratia.
SOLUCIONES La solución a los conflictos por la tenencia de tierra parten por dos acciones. La primera debe ser la regularización del ordenamiento territorial. En esta acción se debe establecer zonas o qué áreas se destinarán a la expansión del área urbana, de protección, forestal y cuáles tendrán uso agrario. La segunda es la acción inmediata del INRA para que pueda perfeccionar y regularizar el derecho de propiedad agraria, precisó Arratia. Rodríguez coincide con Arratia y agrega que la intervención de parte del INRA debe ser oportuna, saneando en primer lugar todos aquellos espacios que corren el riesgo de ser loteados de forma irregular, a fin de definir el derecho propietario en función a la actividad que se desarrolla sobre las mismas. Rodríguez también añade que debe realizarse la delimitación de las comunidades campesinas que están en áreas periurbanas, esto para la identificación clara de sus áreas colectivas o comunitarias a objeto de otorgarles la calidad de indivisibles e inalienables y otras garantías que les otorga la ley. «El próximo año vamos a presenciar muchos conflictos de tierras que van a estar ubicados desde Melga hasta Suticollo y para eso se necesita un INRA fortalecido, con buen personal y que pueda solucionar varios conflictos de tierra por la vía de la conciliación», concluyó Arratia.
El sentido de «comunidad» El antropólogo y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón, José Antonio Rocha, considera que el problema por la tenencia de tierras sucede estrictamente las zonas periurbanas, ya que en el campo todavía permanece el sentido de comunidad. «El sentido marca límites en las acciones. En otras palabras el control social comunitario es bastante fuerte, y el respeto a los principios comunitarios está en este momento sirviendo para detener el avasallamiento», dijo Rocha. Este tipo de casos sólo sucede en las zonas rurales cuando se producen problemas de límites o el atravesar un lindero entre comunidades, que es donde normalmente se dan enfrentamientos, pero responde a un problema netamente comunitario, explica Rocha.
«No conozco casos de avasallamiento de tierras en una comunidad o al menos no se escucha tanto como en las áreas periurbanas», sostiene. Cuando alguien es conocido y es miembro de la comunidad, las personas respetan su propiedad y al individuo, concluye. La tenencia de tierra es un elemento de «discordia» desde tiempos remotos.
ENTREVISTA A: José Antonio Rocha Los problemas de tenencia de tierras han sido un elemento de discordia, de apetitos personales y de personajes sin escrúpulos que quieren aprovecharse de la necesidad y pobreza de la gente desde tiempos remotos, manifestó el antropólogo y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón, José Antonio Rocha. El antropólogo considera que la problemática de tierras siempre ha sido un tema para los Estados y regiones, y fundamentalmente en el caso boliviano, desde la Reforma Agraria. En el siglo XIX la usurpación de tierras causó levantamientos indígenas. Así también en los 70 cuando, ciertos personajes de un determinado partido político, aparecieron de la noche a la mañana poseyendo cientos de hectáreas de tierras.
Aquí juega un poder importante la voluntad de sobrepasar las leyes del Estado por favoritismos políticos, agrega. Rocha afirma que estos personajes hoy en día son los denominados «loteadores», que aparecen y sacan dinero a «incautos» y desaparecen. «Desde un sentido económico estas personas avasallan estas tierras por el afán de lucro y vivir a costa de venta y traspasos de terrenos, como ha ocurrido en muchas ocasiones. Son personas inescrupulosas y hay gente incauta que cae en aquello», sostiene Rocha. Si no hay una determinación o modificación de la Reforma Agraria para ser aplicable en las zonas urbanas, entonces debe ser revisada o transformar la Ley del INRA, ya que no ha resuelto los problemas, señala Rocha. «La Ley INRA es muy general y muy orientada hacia el área rural, y si no se cambia esto continuaremos con problemas irresolubles a través del tiempo como la historia nos ha venido mostrando en distintas etapas», sentenció Rocha.
Urbanizaciones irregulares crecen a golpe de conflicto
Norma Rodríguez Orosco | Docente de Derecho Agrario
En el departamento de Cochabamba se ha notado un incremento considerable de conflictos sobre el derecho propietario de la tierra especialmente en áreas periurbanas, donde de manera irregular se vende terrenos fraccionados para vivienda, cuando el uso de suelo de los mismos corresponde a las áreas agrícolas. Con los años se producen importantes modificaciones en el uso de la tierra y el valor de la misma, con el riesgo inminente de la desaparición de áreas de producción agrícola. Algunos propietarios de medianas propiedades o empresas, titulados por el Consejo Nacional de Reforma Agraria sin actividad productiva, vale decir sin cumplimiento de la Función Económica Social, proceden a su venta bajo proyectos de urbanización no aprobados en sus respectivos municipios. En la ciudad existen varios avisos de venta de terrenos a precios muy módicos que conllevan la obligación de «defender» estos terrenos. En otros casos no existen datos suficientes del exConsejo Nacional de Reforma Agraria que permitan identificar el derecho propietario de terrenos cuyos trámites quedaron inconclusos, por su lado las comunidades campesinas vecinas están reclamando áreas comunes o de pastoreo de terrenos que permanecieron en el abandono y se constituyen en férreas defensoras de los mismos, provocando enfrentamientos violentos con todo aquel que pretenda tomar posesión de dichos terrenos. Bajo estas figuras crecen cada día las urbanizaciones irregulares a golpe de enfrentamientos entre los nuevos propietarios y las comunidades lugareñas, ante la mirada indiferente de alcaldías, que con posterioridad no les queda otra que ampliar las manchas urbanas gestadas en el lucrativo negocio de tierras, sin ninguna planificación y en la mayoría de los casos afectando de manera irreversible las áreas agrícolas.
