Orden de detención contra dirigentes indígenas
Alex Contreras Baspineiro.
Los principales dirigentes indígenas de Bolivia: Adolfo Chávez, presidente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), Fernando Vargas, presidente de la Sub Central del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y Pedro Nuni, responsable de la Secretaría de Pueblos Indígenas, tienen orden de aprehensión.
Con una inusual acción judicial caracterizada por la celeridad, la Fiscalía del Beni, ordenó un mandamiento de apremio contra los tres dirigentes indígenas defensores del TIPNIS, acusados de “tentativa de homicidio” denunciado por el dirigente cocalero del Consejo Indígena del Sur (CONISUR), Gumercindo Pradel.
El pasado 22 de junio, por decisión democrática y comunitaria, los pueblos indígenas del TIPNIS determinaron someter a la justicia indígena al dirigente Pradel por tratar de dividir a las organizaciones naturales, por desconocer las determinaciones de sus organizaciones, por haberse convertido en una dirigente prebendal hacia el gobierno y por impulsar la construcción de una carretera por el corazón del mencionado parque nacional.
En la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, vigente desde 2009 y, por primera vez en la historia, se reconoce a la par de la justicia ordinaria, a la justicia indígena.
El artículo 190 reza: “Las naciones y pueblos indígenas originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencias a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios”.
Respaldados por la CPE, los dirigentes indígenas presentaron un recurso de incompetencia en relación a que la justicia ordinaria no puede involucrarse con la justicia indígena.
Pareciera que más pesan las imposiciones superiores a las determinaciones comunitarias.
Para que esta justicia sea constitucionalmente reconocida, todos los pueblos del país que es mayoritariamente indígena, lucharon durante años con los diferentes gobiernos de turno.
En el caso del mandamiento de aprehensión contra la dirigencia indígena, el fiscal que emitió la orden, Carlos Pelaez, tiene 18 demandas por presuntos actos de corrupción, pero ninguna autoridad hace nada.
PERSECUSIÓN POLÍTICA
El principal dirigente de los pueblos indígenas de tierras bajas, Adolfo Chávez, al lamentar la acción judicial que pretende privarles de libertad calificó a la medida en contra de los tres dirigentes de una decisión eminentemente política y ordenada por el gobierno.
“Esta orden de detención, a la que no le tenemos miedo, es una clara muestra de que en Bolivia lamentablemente existe una cruel persecución política contra los hombres y mujeres que defendemos el medio ambiente, el territorio, los derechos indígenas, los valores culturales y la vida”, precisó.
Los pueblos indígenas se declararon en estado de emergencia porque mientras se impone la justicia en algunos casos, existe total impunidad en otros, como la represión en la población de Chaparina, durante la Octava Marcha Indígena en Defensa del TIPNIS.
A pesar que el gobierno sabe quién ordenó la represión a las mujeres indígenas que fueron maniatadas, amordazadas y arrastradas de los cabellos por efectivos policiales, conoce quiénes pisotearon y golpearon a niños indefensos y sabe perfectamente quiénes maniataron, golpearon y detuvieron a decenas de indígenas, no esclarece el caso y más bien existe una total impunidad.
De acuerdo a informes oficiales y documentados, el gobierno planificó y ordenó la infiltración de agentes civiles hacia la movilización indígena con el objetivo de provocar violencia para tratar de desbaratar la representación natural de las organizaciones indígenas.
“Ni aún detrás de las rejas nos callaremos ante las injusticias que vivimos todos los bolivianos y bolivianas, aún desde la cárcel seguiremos luchando por el respeto a la vida, al medio ambiente, a las áreas protegidas y a la democracia. Merecemos todos vivir de manera digna. Nos podrán encerrar pero nunca nos callarán y nosotros preferimos morir de pie que vivir de rodillas”, afirmó el principal dirigente del TIPNIS, Fernando Vargas.
Los pueblos indígenas afiliados a la CIDOB fueron uno de los pilares fundamentales del actual gobierno y del denominado proceso de cambio, las divergencias estallaron con la realización de la Octava Marcha en Defensa del TIPNIS, cuando de manera arbitraria se pretendió imponer la construcción de una carretera por el corazón de un parque nacional.
Desde aquella oportunidad y por órdenes de esferas gubernamentales se ejecuta una política de división de las organizaciones indígenas, de corrupción a parte de la dirigencia, de ejecución de obras en comunidades afines, de destrucción de los valores indígenas, de pisoteo a los derechos humanos; en suma, de atentado a las culturas que durante años sobreviven en el país.
En ese sentido, la orden de aprehensión contra los principales dirigentes indígenas que, primero desconoce la justicia indígena constitucionalizada, es un atentado más que lamentablemente se produce en un gobierno indígena y con un presidente indígena…
- Periodista y escritor boliviano
alexadcb@hotmail.com
