Industrias extractivas, especulación y conflictos (Plataforma energética, 10.5.13)
Junto al proceso de financiarización de la economía, y en permanente interacción con el mismo, se ha producido la “commoditización” de los recursos naturales, los cuales ahora son negociados por los bancos, empresas transnacionales y otros actores financieros como si fueran valores abstractos, observa el analista Rodolfo Bejarano al advertir esto como causa de la elevación de los precios de las materias primas, que ha contribuido a profundizar el proceso de primarización de la economía de países en desarrollo, como Bolivia.
Red del Tercer Mundo / 10 de mayo de 2013
El póker financiero de las materias primas
Rodolfo Bejarano* – América Latina ha experimentado un boom de precios de sus exportaciones desde los primeros años del siglo. Minerales, petróleo y otras materias primas han llenado las arcas fiscales y las reservas internacionales de casi todos los países de la región. Pero al mismo tiempo, los conflictos sociales derivados de las reglas de la inversión no se han hecho esperar.
El precio del petróleo y los minerales se han multiplicado en más de tres veces en los últimos diez años. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos piensan, no es el juego de la oferta y la demanda el que determina totalmente esta situación. Como señala la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNCTAD), son los factores financieros los que han venido empujando los precios hacia arriba.
De un lado, la débil regulación de los mercados de derivados financieros y las políticas que aplicaron los países desarrollados para mantener las tasas de interés bajas impulsaron enormes flujos de inversiones financieras hacia el ámbito más especulativo en los mercados de futuros de materias primas. De otro, la sostenida depreciación del dólar hizo que los agentes vendedores de estos productos busquen mayores precios para neutralizar la pérdida de ingresos debido al efecto del tipo de cambio.
Contratos a futuro
Es así que el número de contratos de futuros de materias primas negociados anualmente a nivel mundial ha aumentado de 418 millones de dólares en el 2001 a 2,6 billones de dólares en el 2011, con un incremento de más de catorce veces sobre su valor nominal. (UNCTAD, Commodities and Development Report 2012: Commodities in the twenty-first century.)
Este fuerte aumento del volumen de las transacciones por parte de los grandes agentes financieros –más del ochenta y cinco por ciento de los participantes en los mercados de futuros ligados a materias primas- viene siendo señalado como una de las causas de la desconexión que hay entre los vaivenes de los precios y los fundamentos del mercado.
La UNCTAD publicó recientemente un documento en el que indica que la especulación en los mercados financieros tiene una incidencia directa sobre los precios de las materias primas, señalando que el valor de los derivados vinculados a las materias primas representa hasta treinta veces la producción real. (UNCTAD, Policy Brief N° 25, setiembre de 2012. Don’t blame the physical markets: Financialization is the root cause of oil and commodity price volatility.) Esto crea serias distorsiones en los mercados reales, cuyo comportamiento está fuertemente correlacionado a las decisiones financieras de compra y venta de los agentes en los mercados financieros especulativos.
Las materias primas como negocio
Junto al proceso de financiarización de la economía, y en permanente interacción con el mismo, se ha producido la “commoditización” de los recursos naturales, los cuales ahora son negociados por los bancos, empresas transnacionales y otros actores financieros como si fueran valores abstractos, no asociados necesariamente con proyectos de inversión en el sector real.
Las inversiones financieras relacionadas a materias primas estaban enfocadas en un horizonte de corto plazo a través de fondos de cobertura (hedge funds) hasta la crisis de las empresas puntocom en el 2000, luego de la cual los inversionistas encontraron nuevas formas de diversificar su riesgo utilizando instrumentos con posiciones de más largo plazo bajo la forma de índices de materias primas (commodity index). Estos índices están compuestos por una canasta que combina y pondera los precios de varios productos, como energéticos, agrícolas y metales.
Dos de los índices más comunes son el Standard & Poor’s Goldman Sachs Commodity Index (S&P GSCI) y el Dow Jones-American International Group Commodity Index (DJ-AIGCI). Estos índices están compuestos por productos relacionados al petróleo, agrícolas (maíz, soya y trigo) y metales (aluminio, cobre y oro). El mayor peso en ambos recae en el sector energía.
La razón de estas inversiones en índices era lograr una mayor diversificación de las carteras de los inversionistas a través del uso de las materias primas como una clase de activo, usando contratos sobre el precio de intercambio de los productos a futuro. Es decir, todas las transacciones de índices se basan en posiciones que se compran hacia adelante, o “futuros”, los que son vendidos cuando el vencimiento se aproxima y nuevamente se compra un futuro. Las ganancias obtenidas de estos contratos de futuros se derivan únicamente de la diferencia de los precios entre el hoy y el mañana, por ello es que esta actividad se considera puramente especulativa.
Los grandes volúmenes involucrados en estas operaciones y sus expectativas de mayores precios han presionado los precios de las materias primas al alza durante varios años. Esto solo se detuvo durante la crisis del 2008, para luego retomar su carrera ascendente.
Impacto en América Latina
Todo este escenario de especulación mundial que ha elevado los precios de las materias primas ha contribuido a profundizar el proceso de primarización de la economía de los países en desarrollo, especialmente de aquellos ricos en recursos naturales como los de América del Sur. Podemos decir que la financiarización de los bienes y las materias primas ha significado la entrada de capitales en busca de inversiones en actividades extractivas, muchas de ellas relacionadas a la minería e hidrocarburos.
Muchos de estos países se han especializado en algunos pocos productos que son la base del modelo primario-exportador que sostiene sus economías, teniendo a la vez que afrontar el creciente ingreso de divisas provenientes de las exportaciones.
Las exportaciones de América Latina y el Caribe relacionadas al sector energía y al sector minerales y metales ocupan gran parte de las exportaciones totales de productos básicos, con 44.5 y 26.7 por ciento respectivamente. (CEPAL. Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2011-2012.)
La forma en que estas iniciativas extractivas -sobre todo mineras y petroleras- se fueron instalando en las áreas de explotación de los recursos ha traído una serie de problemas que van más allá del ámbito puramente económico. En muchas ocasiones han impactado sobre la vida de las poblaciones aledañas a los yacimientos y degradado y contaminado los ecosistemas.
Esta situación no ha cambiado mucho en los últimos tiempos, a pesar de que el contexto político en la región es muy distinto debido a la existencia de una serie de gobiernos progresistas. Se mantiene la lógica del modelo extractivista dentro de un sistema económico primario-exportador que continua relegando los aspectos sociales y ambientales en aras de atraer la inversión extranjera y/o obtener las divisas necesarias para sostener las políticas sociales de lucha contra la pobreza con las que legitiman sus regímenes, convirtiéndolos en lo que Eduardo Gudynas define como “Estados compensadores”, con programas que van desde las transferencias monetarias condicionadas hasta las misiones venezolanas.
El boom de la actividad extractiva ha traído consigo una serie de problemas asociados a la degradación del ambiente y de las poblaciones aledañas, que han visto disminuida su calidad de vida. En América Latina, la riqueza de recursos existente y las políticas excesivamente permisivas han hecho que la inversión se expanda sin considerar las externalidades negativas y las opiniones de las comunidades. Es así que con el incremento de la ejecución de proyectos mineros se ha producido también una escalada de conflictos con las poblaciones locales, lo que ha provocado en muchos casos la paralización de los mismos.
Conflictos sociales
En América Latina, actualmente hay ciento setenta y dos conflictos mineros por la oposición a proyectos percibidos como una amenaza hacia la disponibilidad y calidad de recursos tan importantes como el agua. Esto se ve alimentado por las malas prácticas de las empresas y la débil institucionalidad estatal en materia ambiental.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), esta región es la que presenta la mayor conflictividad social en el mundo. Perú es el primer país en la lista, con treinta y un conflictos mineros, seguido de Chile con veintisiete, Argentina con veinticinco, Brasil y México con veinte cada uno y Colombia con once.
Dieciocho países latinoamericanos presentan al menos un conflicto relacionado a la minería, afectando a más de doscientas comunidades dedicadas en su mayoría a la agricultura, actividad defendida ante la afectación de suelos, aire y agua que provoca la incursión de la minería en sus territorios. Los levantamientos de las poblaciones se producen casi siempre en contextos en que las instancias gubernamentales no han dado solución a las controversias, cuando no se han puesto incluso de lado de las empresas. Un elemento común en los países de la región es la vulneración de los derechos de las personas que encabezan las protestas contra empresas en operación o nuevos proyectos que intentan instalarse sin el consentimiento de la comunidad. La criminalización de la protesta se ha convertido en una práctica común a través de hostigamientos, amenazas, militarización, represión policial, procesos judiciales e incluso asesinatos.
Sin duda, las evidencias del daño ambiental y social causado por la minería han ido generando en las poblaciones una conciencia mucho más crítica respecto a la idea de que esta actividad es sinónimo de riqueza. En las últimas décadas, los pasivos dejados por la industria extractiva no solo se refieren a la contaminación, degradación ambiental y disponibilidad de recursos -solo en Perú existen seis mil ochocientos cincuenta pasivos ambientales mineros-, sino también a los desplazamientos, la violación de derechos, la corrupción de autoridades, las prácticas mafiosas, etc.
Los conflictos son los síntomas de una enfermedad que nuestros países vienen sufriendo a causa de la actividad extractivista que se ha intensificado en los últimos años en el marco de la aplicación de políticas de liberalización económica nacidas del Consenso de Washington. Esto se ve agravado por el poder de los capitales y el protagonismo cada vez mayor de los inversionistas que buscan rentabilidad a través de estructurar productos financieros que tienen muy poco que ver con el mundo real.
(*) Rodolfo Bejarano, ingeniero economista peruano, miembro de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd).