Colombia, Bolivia y Perú aplican la consulta previa con similares conflictos (Plataformaenergetica, 30.04.13)

Las principales problemáticas similares en los tres países involucran dilatamiento de tiempo en el proceso, compensación por impactos ambientales, las diferentes interpretaciones de la ley, además de la contaminación de los intereses políticos en las organizaciones indígenas. En Brasil, unos 200 indígenas paralizan las obras de la represa de Belo Monte, en el corazón de la Amazonia brasileña, exigiendo que las autoridades les consulten antes de tomar cualquier decisión concerniente a los trabajos de la infraestructura.

Reporte Energía (Santa Cruz) / 30 de abril de 2013
http://www.reporteenergia.com/noticias/index.php?option=com_content&view…

Lizzett Vargas – La implementación de la Consulta Previa a los pueblos indígenas para la ejecución de proyectos hidrocarburíferos se aplica en diferentes países de la región con el mismo reto, con similares conflictos y con la necesidad de adecuarla a un marco legal que viabilice la obtención de la licencia de operación.

En países como Bolivia y Colombia se han expedido leyes secundarias o reglamentos para viabilizar su implementación. En el caso del Perú, en el 2013 se aprobó el Reglamento de la Ley de Consulta y ahora están a un paso de realizar el primer proceso para autorizar la explotación en un lote (192) petrolero.

Para analizar este escenario, autoridades, representantes de asociaciones, organizaciones, consultoras y expertos de Bolivia, Colombia y Perú detallaron a Reporte Energía la situación real de la aplicación de la consulta previa en cada uno de sus países.

Las principales problemáticas similares en los tres países involucra dilatamiento de tiempo en el proceso, compensación por impactos ambientales, las diferentes interpretaciones de la ley, además de la contaminación de los intereses políticos en las organizaciones indígenas.

En esta línea el gerente de Estrategia y Proyectos de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), Yusseff Akly, señala que su país cuenta con mayor contenido en la materia porque establece el mecanismo de la consulta previa a nivel constitucional.

A pesar de algunas negociaciones complejas afirma que Bolivia mantiene un equilibrio entre los principales actores.

Para el abogado Iver Von Borries, experto en normativa petrolera de Bolivia, debe tenerse en cuenta que las actividades hidrocarburíferas tienen calidad, a nivel constitucional, por lo que enfatiza que no debería detenerse o retrasarse por requerimientos de pequeños grupos o inclusive, en algunos casos, de intereses individuales.

Una deformación de la exigencia del derecho indígena en la Consulta es que al “final se convierte en un pedido de dinero de parte de las comunidades”, añade el ex coordinador de Hidrocarburos de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), Mauricio Medinacelli.

En Colombia, la principal problemática señalada por el Ministerio de Energía y Minas es la inseguridad jurídica para desarrollar procesos de Consulta Previa con comunidades étnicas, además de la jurisprudencia, que hasta el momento fue el mecanismo jurídico que rige estos procesos, detalla el informe.

Es por esta razón que se propuso la promulgación de una norma que defina vacíos legales y dicte reglas claras del proceso.

En este marco, Ambiental Consultores y Cía, conformada por Soluciones Ambientales & Sociales (SA&S), puntualiza que en los últimos años se efectuaron numerosos proyectos en minería, hidrocarburos y otros en Colombia, por lo que dada la cantidad de consultas que involucran a los mismos grupos, sumados a las transformaciones territoriales, se generan conflictos.

A pesar de estas problemáticas, se destaca que el desarrollo de proyectos hidrocarburíferos en áreas con presencia étnica obtuvo resultados muy positivos y existen ejemplos de diálogos adecuados y beneficios mutuos. Sin embargo, critican al Ministerio de Interior por el rol operativo asumido y porque no estaría cumpliendo con su rol de garante de los derechos de los grupos étnicos y de las empresas, debido a que asumieron un rol marginal, netamente operativo, en las consultas que se realizan.

En el caso del Perú, a principios de 2013, se aprobó una ley para la realización de la Consulta Previa con los pueblos indígenas, que permite la obtención de licencia para diferentes proyectos energéticos y mineros. En este sentido, la Organización No Gubernamental (ONG) Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), hizo observaciones puntuales a la metodología del proceso, donde sugiere que antes de iniciar el proceso se debe especificar los casos de consentimiento previo obligatorio; actualizar el listado de pueblos indígenas en coordinación con las organizaciones; crear mecanismos específicos de gestión de quejas y recomendar un plan de comunicaciones.

Al respecto, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Eva Arias de Sologuren, señaló que tanto la Ley de Consulta Previa como la de Ordenamiento Territorial y Zonificación Ecológica son herramientas que pueden ayudar, “si no se utilizan inadecuadamente”. “Si estas herramientas se politizan, si cambia el sentido de la norma se puede paralizar al país”, advierte.

Opiniones desde Perú

Eva Arias de Sologuren, presidente de SNMPE
‘No debe detener proyectos’
El tema de la consulta previa viene del convenio 169 de la OIT para proteger poblaciones vulnerables. Por eso las poblaciones consultadas deben tener determinadas características étnicas, idiomáticas. Pero si no se respetan esos principios, sino que se usa con un ánimo político, se desnaturalizará la misma y se la usará para detener los proyectos. Las comunidades de nuestro país deben familiarizarse con nuestras industrias para poder aprovechar nuestros recursos por el bien de todos los peruanos.

ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
‘Falta aclarar su aplicación’
Desafortunadamente, hay elementos esenciales que poco aclaran el desarrollo de una consulta según las condiciones del Convenio 169.

Es importante coordinar con las organizaciones indígenas representativas para que se remitan comentarios y observaciones sobre la Guía y la Base de Datos de estos pueblos; formular recomendaciones acerca del derecho a la participación de los pueblos indígenas sobre asuntos que les conciernen, y de manera general, incorporar todas las referencias necesarias.

Opiniones desde Colombia

Ministerio de Minas y Energía de Colombia
‘Aún existen vacíos legales’
La jurisprudencia que hasta el momento ha sido el mecanismo jurídico que rige estos procesos, a pesar de ser reiterada en algunos casos, no se ha pronunciado sobre ciertos aspectos o ha variado sus posiciones.

La regulación legal actual ha resultado insuficiente en el desarrollo práctico de procesos de consulta previa, y gran parte de las pautas fueron dictadas de manera jurisprudencial por la Corte Constitucional colombiana. Se propuso desde los diferentes sectores que se promulgue una norma que defina dichos vacíos legales y en general, dicte reglas claras del proceso.

Julio C. Vera, consultor en hidrocarburos
‘Se ha ganado experiencia’
La consulta previa en Colombia no ha paralizado proyectos hidrocarburíferos. El Gobierno ha ido ganado experiencia con cada uno de ellos, ahora está buscando reglamentar en detalle este proceso.

La industria petrolera en general, las operadoras, tienen claras dos cosas: responsabilidad social con las comunidades del entorno a las operaciones y la obtención de la licencia social para la ejecución de sus proyectos. Sin embargo, aún persiste un tipo de chantaje de parte de las comunidades con la parte cultural.

Claramente hay un respeto, pero eso no les da el derecho de obstaculizar el desarrollo.

Consultoras ACON y SA&S
‘El estado no cumple su rol’
En la actualidad se siguen presentando conflictos en el desarrollo de las consultas, por variables como el tiempo en que se deben ejecutar, las interpretaciones diferentes de las comunidades y las empresas.

En la práctica, el principal problema es que el Ministerio del Interior no cumple su rol de garante de los derechos de los grupos étnicos y de las empresas, debido a que asumió un rol marginal, netamente operativo, en las consultas que se realizan.

Hay que resaltar que persisten algunas fallas en el dimensionamiento de los impactos de los proyectos generando conflictos.

Opiniones de Bolivia

Iver Von Borries, abogado y analista
‘Se debe imponer plazos fatales’
Considero que el Gobierno Nacional debe realizar un mejor trabajo de coordinación respecto del proceso de Consulta.

La burocracia de los distintos actores del Gobierno Central involucrados en el tema y la ausencia de normativa eficaz que imponga plazos fatales para proseguir con los proyectos hidrocarburíferos hasta su conclusión, son los principales problemas. Urge una reformulación o replanteamiento del mecanismo de Consulta para hacerlo más efectivo. Si bien debe existir un balance entre la satisfacción de las demandas (comunidades y actividades hidrocarburíferas), no podemos descuidar el hecho que el interés general debe primar sobre un interés particular.

Mauricio Medinacelli, experto energético
“Falta equilibrio entre los actores”
Alcanzar el equilibrio entre tres actores, el Gobierno, las empresas Operadores y las comunidades Indígenas, es algo delicado y complicado. Sin embargo, algo queda claro, ésta es una relación de tres participantes y no de dos, por ello, las relaciones bilaterales Gobierno-Empresas, Empresas-Pueblos Indígenas, generalmente no llegan a buenos resultados.

Hace un tiempo trabajé en Olade y dentro los proyectos que me tocó manejar estaba el de Energía-Ambiente-Población; gracias a él conocí experiencias, buenas y malas, en este tema a nivel internacional. De ello, me queda claro, que las relaciones bilaterales, como la que mencioné no llevan a buen puerto.

Yussef Akly, gerente de Estrategia y Proyectos de la CBHE
“Hay que agilizar los procesos”
Actualmente los tiempos de los procesos de Consulta se dilatan por las negociaciones tanto de los proyectos solicitados como las compensaciones a considerar, lo cual lleva a demoras en el licenciamiento ambiental y postergación de proyectos, abriendo la puerta al peor escenario para todos, que un proyecto no se haga.

Se requiere una Ley Marco de Consulta Previa, que tome en cuenta los criterios de todos los actores. Sería ampliamente efectiva, agilizaría los procesos, daría previsibilidad de las inversiones, y evitaría dificultades posteriores cuando se implementan los proyectos. Sin embargo, se ven importantes avances al reconocer la importancia de la actividad hidrocarburífera en el país.

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Noticia relacionada:

Página Siete (La Paz) / 08 de mayo de 2013
http://www.paginasiete.bo/2013-05-08/Planeta/NoticiaPrincipal/11Pla00308…

Indígenas paralizan obras de represa y exigen consulta previa

Unos doscientos indígenas ocupan desde hace una semana el lugar de las obras de la represa de Belo Monte, en el corazón de la Amazonia brasileña, en demanda de la presencia de un funcionario del Gobierno de Brasilia para negociar, en la séptima ocupación desde junio.

“Queremos que nos entiendan. Pedimos que un representante lo más cercano posible a la presidenta Dilma Rousseff venga a vernos”, declaró uno de los responsables de la ocupación, el cacique Valdemir Munduruku.

Los indígenas de las etnias munduruku, xypaia, kuruaia, canela y juruna reivindican que se aplique “la consulta previa a los pueblos indígenas” o sea que las autoridades les consulten antes de tomar cualquier decisión concerniente a los trabajos de la represa.

“Deberían consultarnos pero en lugar de eso nos envían a la Policía y a los soldados; ellos no dejan entrar al abogado que nos defiende”, criticó el cacique.

Una responsable de prensa del consorcio Norte Energia, a cargo de la construcción, confirmó la ocupación de las obras de la represa en construcción, que se eleva sobre el río Xingu en el estado amazónico de Pará, con un costo de más de 13.000 millones de dólares.

“Los trabajos se han detenido en el cantero principal de obras denominado Belo Monte, donde será implantada la mayor parte de las turbinas. Es una detención parcial, de uno de los cuatro canteros” afirmó la portavoz desde Brasilia, precisando que las reivindicaciones de los ocupantes “son dirigidas al Gobierno federal”. Unos 6.000 obreros detuvieron su trabajo y unos 80 efectivos policiales, de la Fuerza Nacional de Seguridad y de la Policía Militar del estado, fueron enviados para proteger el sitio.

La construcción no se encuentra directamente en tierras indígenas, pero las comunidades indígenas aseguran que sufrirán con el impacto que tendrá en la selva y el río. Belo Monte es la mayor represa en construcción en Brasil y la tercera del mundo. Suministrará 11.233 megavatios (Mw), o sea 11% de la capacidad instalada del país.