No se castigó a un extraño, dice Fernando Vargas. El yurakaré Pradel desconoce la justicia indígena originaria (Erbol, 15.07.13)

El cacique del Consejo Indígena del Sur (Conisur) de la zona colonizada del TIPNIS, Gumercindo Pradel, desconoció la justicia indígena originaria y denunció que sólo intentaron asesinarlo, pero el dirigente Fernando Vargas señaló que los habitantes de la zona ecológica decidieron castigar con chicotazos a un indígena del pueblo Yurakaré y que esta forma de justicia está enmarcada en la Constitución Política del Estado (CPE).

“Él es un indígena, es un yurakaré, eso nadie se lo saca y él decidió ser propietario individual dentro del Parque, por lo tanto está en ese marco, no es un karayana (extraño), como dice la Ley, es un indígena. La justicia comunitaria se aplica a pueblos indígenas no a terceras personas que no sean indígenas”, declaró el presidente de la Subcentral Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Fernando Vargas.

Cuando se consultó al dirigente si Pradel no es un tercero (ajeno) al TIPNIS para ser sometido a la justicia indígena porque éste reconoció no ser parte de la titulación del Isiboro Sécure, considerando que la Ley de Deslinde Jurisdiccional establece que terceras personas no deben ser sometidos a la justicia indígena, Vargas indicó que él es un tercero en relación a su decisión de parcelar su territorio.

“Tercero puede ser propietario individual, pero no es tercero de un pueblo indígena él es yurakaré, es de una nación indígena y de acuerdo a la Constitución la justicia comunitaria se aplica a los pueblos o las naciones, más no a aquellos que nos son parte de una nación indígena”, aseveró a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.

“No soy un tercero, no pueden quitarme mi identidad”

El indígena cocalero, Gumerncindo Pradel, no se consideró una tercera persona al TIPNIS. Dijo que es parte del pueblo Yurakaré y que nadie podía quitarle su identidad, sin embargo, aseveró que lo que le ocurrió en la comunidad de San Pando de la zona ecológica; donde los pobladores del lugar lo acusaron de dividir a las familias indígenas por la construcción de una carretera en medio de la TCO, promovida por el gobierno del presidente Evo Morales, fue un intento de asesinato.

“Tampoco me puede decir que yo soy tercero, nadie me puede quitar mi identidad  (…) yo soy parte del TIPNIS, soy de mi territorio y nadie me puede quitar mi identidad. Si realmente hubiera sido castigo comunal obviamente lo hubiera determinado allá, pero eso no es un castigo comunal hay un intento de asesinato (…) tenemos derecho como cualquier persona a acudir ante la justicia ordinaria”, afirmó.

Indicó que la demanda de la construcción de una carretera en medio del corazón del TIPNIS es de los corregidores de eses sector.

Artículo 190 de la CPE señala que «las naciones y pueblos indígenas originarios ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplican sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios».

Mientras que el parágrafo I del artículo 192 expresa: «Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la justicia indígena originaria campesina».

Orden de apremio 

La semana pasada la Fiscalía del Beni resolvió emitir la orden de apremio contra Fernando Vargas, Pedro Nuni y Adolfo Chávez, por no haberse presentado a declarar sobre lo ocurrido en San Pablo, después de que Pradel puso ante la justicia ordinaria su denuncia de intento de asesinato, sindicando a los tres dirigentes.

Vargas dijo que no acudirán al Ministerio Público porque sería desconocer la justicia indígena originaria.

“Los corregidores han decidido aplicarle una sanción a un indígena, no es un extraño es a un indígena y nosotros como dirigentes que no ordenamos las cosas y que don Adolfo Chávez y don Pedro Nuni, que no estuvieron en el terreno; don Adolfo no estuvo en el TIPNIS, don Pedro estuvo pero después de que todo ya estaba resuelto y ahora los meten a ellos que no tienen nada que ver en el baile y al nosotros ir ante una justicia ordinaria y declarar estamos desautorizando la decisión de los corregidores y desconociendo al mismo tiempo la justicia originaria de acuerdo a lo que dice la Constitución Política del Estado”, puntualizó.