En 2015, el gobierno boliviano lanzó el Proyecto del Bala sin tener un mercado asegurado, como lo admitió el presidente Morales al firmar el contrato con GEODATA. La falta de un acuerdo previo para la venta de energía a Brasil generó conflictos con comunidades indígenas, que vieron sus derechos, especialmente el de consulta previa, violados. Esto llevó a la salida forzada de una empresa subcontratada, paralizando las actividades del proyecto.

Aunque se planeaba vender la energía a Brasil, no se estableció un tratado internacional necesario para regular derechos y obligaciones. A comienzos del año, las exportaciones de gas a Brasil cayeron un 50%, lo que el gobierno atribuyó erróneamente a una mayor producción de hidroelectricidad, sin considerar que Brasil también aumentó su producción de gas y otras fuentes de energía.

Así, mientras Brasil sustituye el gas por energía hidroeléctrica, Bolivia sigue avanzando con proyectos como el Bala y el de Cachuela Esperanza, cuestionando la viabilidad de estos desarrollos en un contexto de demanda incierta.