A pesar de la histórica lucha del movimiento campesino e indígena por el acceso a tierra y territorio, Bolivia enfrenta un proceso de descampesinización. Este fenómeno se acompaña de una disminución en la relevancia de la producción agropecuaria campesina y de políticas públicas que favorecen un modelo de agronegocio, caracterizado por la mercantilización y concentración de tierras en manos de pocos propietarios, así como por el control de grandes consorcios sobre semillas e insumos agrícolas. Este modelo no garantiza la seguridad y soberanía alimentaria del país.

En el seminario “Reconfiguración agraria y el movimiento indígena y campesino en Bolivia”, se destacó que el aporte de la agricultura familiar campesina al PIB es menor al 2% y se ha estancado. La Reforma Agraria de los años 50 buscó redistribuir tierras a quienes históricamente habían sido despojados, pero las reformas posteriores han favorecido la consolidación de latifundios y el debilitamiento de la agricultura familiar.

La Ley INRA de 1996, ambigua y sujeta a intereses de grandes propietarios y agencias internacionales, ha facilitado la consolidación de derechos de estos últimos. Aunque la Ley de Reconducción Comunitaria de 2006 agilizó la creación de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) y promovió la reversión de tierras especulativas, los datos muestran que el avance en la reconfiguración agraria depende de la voluntad política y de la presión de los actores campesinos e indígenas.