El Decreto Supremo 2549, promulgado el 14 de octubre, marca un avance significativo en la expansión de la frontera petrolera hacia la Amazonía boliviana, formando parte de un conjunto de medidas que benefician a las empresas petroleras. Esta expansión tiene graves implicaciones para los derechos humanos, la democracia y la economía nacional.

En la última década, las áreas reservadas a YPFB han aumentado drásticamente, de 11 a 98 en un periodo de siete años. Esta ampliación ha resultado en una frontera petrolera que abarca más de 24 millones de hectáreas, representando aproximadamente un tercio de Bolivia, y superando el territorio de países como Ghana o Rumania. Este crecimiento representa una amenaza significativa para los territorios indígenas y las áreas protegidas.

Con la inclusión de 16 nuevas áreas en el D.S. No. 2549, la frontera hidrocarburífera se expande aún más, alcanzando un total de casi 31.7 millones de hectáreas, lo que equivale a un incremento de más de 6.9 millones de hectáreas. Esto no solo intensifica la explotación de recursos, sino que también pone en riesgo la integridad de los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos.