Los gobiernos progresistas han promovido discursos medioambientales y sociales, mientras que la minería, especialmente el oro en Bolivia, se ha mantenido como eje económico. Aunque las exportaciones de cooperativistas han aumentado, esto oculta impactos ambientales y sociales negativos en comunidades locales.
La reducción de regalías y otros beneficios fiscales favorece a unos pocos, mientras que los municipios afectados sufren. Además, la construcción de infraestructura se realiza sin considerar el bienestar social o el medio ambiente. La dependencia de precios altos de materias primas ha llevado a crisis recurrentes, exacerbadas por un monopolio financiero que desvincula los valores del comercio físico de la economía real.