Bajo esta Ley, a despecho de los principios de la constitución referidos a la Economía Plural, la norma establece un nuevo régimen de derechos en el que los operadores mineros tienen derechos preferentes, llegando a considerárseles en los hechos como ciudadanos de primera, frente al resto de la sociedad.
La ley minera, una amenaza a la democracia y los derechos humanos (Petropress 33, 10.14)
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