La nueva ley minera en Bolivia compromete la democracia al establecer un sistema de castas donde los «titulares de derechos mineros» gozan de privilegios similares a una monarquía. Con protección legal y el respaldo de la fuerza pública, esta legislación criminaliza a quienes se oponen a la minería, restringiendo derechos como el de huelga.
Esto representa un retroceso significativo en derechos laborales y sociales, reinstaurando desigualdades que la sociedad había superado desde 1938.
