En este número se analizan dos temas estructurales en Bolivia: agua y minería. Las inundaciones de 2014 revelaron la vulnerabilidad institucional del país, exacerbada por la construcción de represas en el Río Madera, que contribuyeron a la tragedia. Además, se discute la nueva ley de minería que sacrifica la democracia, restaurando jerarquías y castas, y profundizando la dependencia del modelo extractivista.
A pesar de un aumento en las exportaciones, la participación del Estado es mínima, mientras que la ley favorece al sector privado en la gestión del agua, comprometiendo derechos humanos y el equilibrio ambiental.
