El caso de Huanuni ejemplifica la falta de estrategia del gobierno boliviano, que se centra en la extracción de regalías y en un patrón de inversión que prioriza la infraestructura y el extractivismo. La mina de Huanuni, administrada por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) desde 2006, fue privatizada en los años 90, pero la quiebra de las empresas privadas llevó a los trabajadores a demandar su nacionalización.
La Ley 2400 de 2002 restableció el control de COMIBOL sobre la minería nacionalizada y sus recursos, salvo en el caso de cooperativas mineras.
