La nacionalización de YPF en Argentina el 4 de mayo de 2012 se debió a la necesidad de recuperar el control sobre los recursos energéticos del país, especialmente ante la creciente preocupación por la falta de inversión y la disminución de la producción de petróleo y gas.
El gobierno argentino buscaba garantizar la soberanía energética, aumentar la producción nacional y evitar la dependencia de las importaciones. Además, había un fuerte sentimiento de descontento entre la población respecto a la gestión de la empresa por parte de la entonces empresa española Repsol. La medida también se enmarcó en una estrategia más amplia de intervención estatal en sectores clave de la economía.
