La legislación boliviana sobre transgénicos muestra ambigüedad, ya que, aunque el gobierno afirma prohibir su producción, las medidas como la obligatoriedad de etiquetar productos importados revelan lo contrario. El artículo 15 de la ley no prohíbe claramente el cultivo de soya transgénica, que sigue expandiéndose en el país.
Esta discrepancia genera desconfianza y cuestiona el verdadero compromiso del gobierno con la biodiversidad.
