La oposición en Bolivia atribuye todos los problemas del país al ascenso al poder del gobierno indígena, ignorando su propia historia y responsabilidades. Este enfoque distorsiona el debate político, que se ha convertido en un intento por deslegitimar al actual gobierno y violar normas democráticas.
La oposición no actúa sola; es respaldada por intereses externos y medios de comunicación que, siendo propiedad de elites históricas, reflejan sus agendas. Aunque las elecciones recientes han cambiado el panorama político, las elites aún mantienen su influencia en áreas económicas, financieras, mediáticas y judiciales, lo que complica la situación democrática del país.