La nueva legislación minera en Bolivia, planteada en la Constitución Política del Estado, enfrenta contradicciones en su desarrollo. La propuesta de la Nueva Ley de Minería (NLM) muestra falencias, ya que excluye a las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos e Interculturales (NPIOCI) del proceso de construcción participativa.
Esta marginación contraviene el derecho a la participación y los principios de protección de derechos colectivos, contradiciendo el compromiso del Estado con la diversidad cultural y los derechos indígenas. La falta de inclusión limita el cumplimiento de políticas públicas que respeten estos derechos en el ámbito minero.
