La Constitución mexicana establece que el petróleo y los hidrocarburos son propiedad de la nación y que la actividad petrolera está reservada para el Estado. Históricamente, esto significó que PEMEX gestionaba toda la cadena petrolera, mientras que la participación del sector privado se limitaba a la comercialización y contratos de servicio específicos.
Sin embargo, desde la década de 1980, comenzó a cambiar esta dinámica. Se empezó a permitir una mayor integración de servicios y a otorgar contratos más amplios, lo que otorgó un papel más relevante a los operadores privados. A principios de los años 2000, los contratos evolucionaron significativamente, marcando un cambio en el enfoque hacia la apertura de la industria petrolera.
Una entrevista con Víctor Rodríguez Padilla, docente investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, permite analizar los mecanismos utilizados para desmantelar el monopolio estatal en la industria petrolera y ofrece una perspectiva sobre la experiencia mexicana en el sector hidrocarburífero.
