La nacionalización en Bolivia no solo busca incrementar los ingresos del país, sino que también se concreta en el control de los recursos naturales y la gestión de la cadena productiva de hidrocarburos. Según la Constitución, YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) ejerce un control obligatorio sobre la producción, distribución y comercialización de hidrocarburos, asegurando que los beneficios sean para el Estado y su población.
Sin embargo, en los primeros meses de este año, han aumentado las quejas de la empresa privada por el desabastecimiento de gas natural, tanto para uso industrial como doméstico.
La falta de habilitación del Gasoducto Carrasco-Cochabamba es un factor crítico que contribuye a esta situación.
