La normativa y práctica de la Consulta Previa en Bolivia presenta características que afectan la universalidad de los derechos humanos y la integralidad del medio ambiente. Existen regulaciones diferentes para los sectores de hidrocarburos y minería, creando desigualdades en los derechos de distintas poblaciones, lo que va en contra de las normativas legales y convenios internacionales que prohíben tales diferencias.
Mientras los inversionistas extranjeros gozan de acuerdos de protección que les otorgan un trato privilegiado, los pueblos originarios y campesinos enfrentan un tratamiento desigual. En 2008, estos pueblos presentaron una propuesta de Reglamento de Consulta y Participación al Ministerio de Minería y Metalurgia, pero tras cuatro años de discusión, la diferencia entre las regulaciones de los sectores minero e hidrocarburífero persiste sin solución.
Además, la normativa sobre los derechos de los pueblos indígenas, como la Ley 3058, aunque resultado de dos décadas de lucha social, no se cumple y presenta fallas significativas, como evidencian los casos en el norte de La Paz y Corocoro.
