La concesión de las represas del río Madera ha eliminado la posibilidad de vetos técnicos o sociales, dejando a las comunidades indígenas y locales vulnerables a las decisiones de empresas concesionarias y entes públicos. Este escenario establece una base normativa para futuras privatizaciones en la cuenca del Madera, lo que podría iniciar un ciclo de explotación en otros grandes ríos amazónicos.
La viabilidad económica de las represas se basa en el control total de la cuenca, haciendo que proyectos como Riberao en Brasil y Cachuela Esperanza en Bolivia sean interdependientes. Esta situación refleja un uso irresponsable de recursos naturales que deberían ser gestionados de manera común.
