Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante los graves hechos de violencia que han tenido lugar en el marco del proceso electoral en Bolivia. La Comisión llama al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad personal y la libertad de expresión de sus habitantes en el contexto de este proceso, específicamente,  durante la realización de las manifestaciones pacíficas que se lleven adelante en defensa de la democracia y las garantías a la prensa para dar cobertura al proceso de verificación de la votación. Además, insta al Estado a conducir las investigaciones relativas a los actos de violencia que se produzcan de una manera eficaz y en estricto cumplimiento de las garantías del debido proceso.

Según la información recibida por la CIDH, a partir del 21 de octubre de 2019 se han realizado manifestaciones ciudadanas en distintas ciudades del país, incluyendo La Paz, Sucre, Oruro, Tarija, Cochabamba, Potosí, Trinidad y Cobija, exigiendo a los Tribunales Electorales Departamentales y al Tribunal Supremo Electoral garantizar la transparencia en la fase de conteo de votos del proceso electoral.

Según la información disponible la Policía habría utilizado la fuerza para dispersar manifestaciones ciudadanas como la que se desarrollaba frente a la sede del conteo de las actas electorales, pese a que en esa instancia reclamaban de manera pacífica. La CIDH condena la agresión que sufrió Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, en el marco de estas protestas, como consecuencia de un impacto de un contenedor de gas lacrimógeno en su rostro que fue propinado por una persona aún no identificada.

La Comisión también tomó conocimiento de que algunos manifestantes han  provocaron graves hechos durante algunas protestas, hechos que han sido condenados por las autoridades nacionales; estos incluyen incendios y daños a los tribunales electorales departamentales de Potosí, Tarija y Pando, entre otros. La CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia, y recuerda que la protesta social se encuentra protegida por los instrumentos interamericanos, en tanto se desarrolla en forma pacífica.

La Comisión recuerda al Estado que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y aislar a los manifestantes que recurren a la violencia, procurando que el uso de la fuerza sea regido por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por ello, insta al Estado a investigar y sancionar dichos sucesos de forma imparcial y expedita.

La CIDH toma nota del llamado a un paro nacional, así como de la decisión de ejercer el derecho a la protesta por parte de distintos sectores de la población, incluyendo estudiantes, y profesionales de la medicina. Del mismo modo, ha tomado conocimiento de declaraciones estigmatizantes de algunos altos funcionarios contra la prensa, así como restricciones para que los periodistas sigan los escrutiños electorales que están teniendo lugar.

Ante la eventual continuidad de las manifestaciones ciudadanas, la CIDH recuerda al Estado Plurinacional de Bolivia que debe actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta, ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolverla mediante uso de la fuerza. Las manifestaciones públicas y la libertad de expresión hacen posible el libre proceso democrático en particular durante contextos electorales. En ese sentido, llama el Estado y a los manifestantes a entablar un proceso de diálogo pacífico con respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.