Caso Chaparina: Ex comandante policial revela que Sacha Llorenti ordenó la represión (Bolpress, 31.1.13)

El operativo represivo no cumplió su objetivo y dos días después, el 27 de septiembre de 2011, el Movimiento sin Miedo (MSM) presentó una doble denuncia penal contra autoridades del gobierno por la represión a los indígenas en Chaparina y por un presunto sobreprecio en la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, lo que derivó en una sola medida cautelar: la detención domiciliaria del general Muñoz Colodro.

El ex ministro Llorenti, el ex viceministro Farfán, el ex director Villegas y otros generales de la Policía fueron convocados a declarar, pero no fueron sometidos a audiencias de medidas cautelares. En cuanto a las víctimas, en ningún momento fueron citados por la comisión de fiscales para que presten declaraciones sobre lo que pasó el domingo 25 de septiembre de 2011.

Al cumplirse un año de la violenta represión a la VIII marcha en defensa del TIPNIS en Chaparina, los indígenas que realizaron actos de desagravio y repudio en diferentes puntos del país exigieron justicia y castigo para los responsables. Con lágrimas en los ojos y con un sentimiento de rabia contenida, cientos de víctimas de la represión y organizaciones de activistas recordaron el fatídico día con misas, mitines, marchas de protesta y encendidos discursos en repudio de la impunidad en la que se mantienen los hechos ocurridos en Chaparina.

Los actos de desagravio se realizaron en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad y Gundonovia. También fueron izadas con crespón negro las banderas de Bolivia y del Patuju. Las concentraciones de gente en diferentes ciudades y comunidades se hicieron escuchar con estribillos, carteles y afiches como “Chaparina no se olvida”, haciendo alusión a que las agresiones sufridas en la represión no deben quedar impunes. Las diferentes actividades fueron organizadas por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y activistas defensores del medioambiente.

El representante de la Central TIPNIS Emilio Nosa recordó que un año atrás, junto a sus compañeros marchistas, vivieron un día de desesperación al ver la llegada de vehículos llenos de efectivos policiales quienes los golpearon, les lanzaron gases, los amordazaron con cinta masquine y los trasladaron contra su voluntad hasta sus comunidades, incluso separando a las mujeres de sus pequeños hijos que no entendían lo que se sucedía.

“Fue una actitud cobarde del gobierno, atropellaron nuestro derechos. Nosotros salimos en una marcha pacífica a defender nuestro territorio, para que no se construya la carretera (que pretende dividir el TIPNIS). Ahora solo nos queda dolor y tristeza de tener un gobierno que lleva una máscara indígena y que llegó a golpear a sus propios hermanos”, comentó Nosa.

Anunció que debido a que la justicia boliviana no funciona y está inclinada a no esclarecer el caso Chaparina acudirán a instancias internacionales para ser escuchados y lograr que los responsables de la violenta represión policial paguen por la violación a los Derechos Humanos.

La presidenta de la central de Pueblos Indígenas del Beni Nazareth Flores no pudo contener las lágrimas al recordar que debido a las agresiones sufridas en chaparina perdió al hijo que llevaba en el vientre, por tanto el 25 de septiembre de 2011 no lo olvidará jamás según dijo. “En las noches tengo pesadillas, me acuerdo todo el tiempo de lo que me hicieron, nunca más volví a dormir con tranquilidad, fue un hecho que marcó mi vida para siempre”, señaló Flores.

El presidente de la CIDOB Adolfo Chávez responsabilizó de la represión al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera, como a su entorno ministerial por ordenar el violento ataque a los marchistas que defendía su casa grande. La representante de la CIDOB Rosalía Matene explicó que realizaron hizaron la bandera boliviana y del patujú con crespón negro. “El responsable de esta situación ha sido el Presidente (Evo Morales), el Vicepresidente y todo su gabinete por todo lo que ha ocurrido el 25 de septiembre; no hay otras personas que se puedan culpar”, aseveró.

En septiembre de 2012, un año después de la intervención, el defensor del Pueblo Rolando Villena anunció que la institución a su cargo recurrirá a instancias internacionales si continúan las dilaciones en el caso de la represión policial a la VIII marcha indígena. “Queremos anunciarles que dados estos antecedentes y de persistir las acciones dilatorias en este caso, recurriremos a las instancias internacionales para que se haga justicia y se castigue a los culpables”, dijo.

“Ha pasado un año y la justicia sigue pendiente, un año en que los culpables materiales e intelectuales de este criminal suceso continúan en la impunidad, protegidos por un sistema judicial que se escuda en las formas y los procedimientos e ignora que estamos ante un caso evidente de vulneración de los más elementales Derechos Humanos que no admite ninguna explicación ni justificación”, cuestiono Villena.

En noviembre del 2011, el Defensor del Pueblo presentó un informe sobre lo sucedido en Chaparina, en el que vincula con los hechos delictivos a 18 autoridades civiles, policiales y funcionarios del Gobierno, entre ellos el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, quien fue excluido de las investigaciones pese a su responsabilidad en el operativo represivo.

“Nuestra investigación defensorial y los propios reportes de los medios, evidenciaron que la agresión no acabó en la represión”, dijo Villena. Además señaló que “es necesario que los bolivianos y bolivianas recordemos lo sucedido en Chaparina para reconocer que, lamentablemente, aún tenemos mucho camino por avanzar en la construcción del Estado Plurinacional y que este camino va a demandar una lucha incansable, para que el respeto a los derechos humanos sea una realidad cotidiana que se exprese más allá del discurso y la demagogia”.

Por su parte, Amnistía Internacional. exigió a las autoridades bolivianas que aseguren que los responsables de los abusos policiales sean llevados a la justicia sin más dilaciones. Según testimonios recogidos por la organización internacional, el 25 de septiembre de 2011 oficiales de la policía boliviana dispararon gases lacrimógenos de forma indiscriminada, golpearon y detuvieron arbitrariamente a hombres, mujeres y niños que participaban en una marcha indígena pacífica hacia La Paz.

“Es alarmante que a un año del operativo policial contra los manifestantes, no se vean avances sustanciales en las investigaciones”, lamentó María José Eva Parada, investigadora sobre Bolivia de Amnistía Internacional. Hasta el momento nadie ha sido acusado formalmente por los abusos y la investigación de la Fiscalía de la Paz no ha mostrado avances significativos. Hay dos imputados en este caso: el subcomandante de la policía que estuvo al mando del operativo el 25 de septiembre, quien se encuentra bajo detención domiciliaria y el entonces viceministro de régimen interior y policía.

Los fiscales que llevan el caso excluyeron del proceso penal al entonces Ministro del Interior del país, máximo responsable por la policía en Bolivia, argumentando que durante el operativo se habría roto la cadena de mando. El ministro renunció a su puesto poco después de la intervención policial. “Nos preocupa que este caso pueda ser otro reflejo de las debilidades del sistema de justicia en Bolivia, en cuanto a retardación en la administración de justicia, falta de recursos, transparencia e independencia en las investigaciones,” dijo Maria José Eva Parada.

Un video revela que el gobierno supo del operativo

En septiembre de 2012 el MSM difundió un video grabado el 24 de septiembre de 2011, el cual demuestra que el Presidente Evo Morales sabía del operativo represivo contra los indígenas. El video, presentado como una prueba más al Ministerio Público, muestra al ex viceministro de Gobierno Marcos Farfán, al ex director del Ministerio de Gobierno Boris Villegas y a varios oficiales de la Policía en una reunión noche antes de la represión en Chaparina, en la que Farfán arenga a los uniformados con mensajes políticos e institucionales sobre el por qué de impedir que la marcha continúe su paso hacia La Paz.

“Pero es en ese marco que estamos lamentablemente ingresando a realizar este operativo. Los dejo trabajando, gracias, buenas noches. Hasta mañana, mañana vamos a estar trabajando ¿no?”, dice Farfán en la grabación audiovisual y se despide de los policías dándoles la mano a cada uno de ellos, mientras aclara: “Me van a dar la hora“.

La abogada del MSM Aida Camacho afirmó que el video “evidencia que el Órgano Ejecutivo conocía absolutamente todos y cada uno de los paso que debían seguirse para la represión en Chaparina”, por lo que las declaraciones de Morales a la cadena CNN en español en sentido de que no supo del operativo, son falsas.

Morales dijo a CNN que ni el Vicepresidente, ni el ministro de Gobierno Sacha Llorenti estaban enterados del operativo y responsabilizó a la Policía de la represión en Chaparina. “Lamento mucho decir que algunas decisiones tomaron unilateralmente la Policía nacional y sin ninguna instrucción”, declaró el Presidente a CNN.

Camacho insistió en que la pieza audiovisual demuestra que “se trata de un plan de gobierno donde todos los miembros del Ejecutivo, al menos conocían de cuándo se iba a realizar (el operativo), lo único que faltaba era la hora en la que debía darse inicio”. En ese sentido, dijo que el Ministerio Público debe volver a incluir en la investigación del caso Chaparina a Llorenti y ampliar a otros actores relacionados con el operativo.

Luego de mostrar el video a los periodistas, Camacho lanzó varias preguntas que apuntan a una inexplicable actitud del gobierno en torno a la Policía, si ésta actuó unilateralmente y, más bien, se ha desplegado una estrategia de impunidad de los responsables de la represión a hombres, mujeres, niños y ancianos que marcharon desde Trinidad hacia La Paz en defensa del TIPNIS.

“Si la Policía tomó decisiones unilateralmente, ¿por qué no se destituyó inmediatamente a los más altos jefes de esa institución como el general Jorge Santiestebán, comandante general de la Policía; general Edwin Foronda, inspector general de la Policía; general Óscar Muñoz Colodro, subcomandante de la Policía y coronel Víctor Maldonado, director de Inteligencia de la Policía?, ¿por qué se premió al coronel Maldonado con el cargo de Comandante General de la Policía?”, preguntó la jurista.

También cuestionó “¿por qué el general Muñoz Colodro declaró que recibió la orden de reprimir a los indígenas desde La Paz, y luego transmitió la instrucción al resto de la cadena de mando policial? y ¿por qué el Presidente, Vicepresidente o Ministro de Gobierno no dieron la contraorden para interrumpir el operativo represivo que duró al menos cuatro horas y para que los aviones vuelvan a sus bases?

En torno a los aviones, Camacho recordó que el general Tito Gandarillas sostuvo que fue él quien dispuso el traslado de las naves, lo que supondría que ese jefe militar actuó sin conocimiento del Presidente y del Vicepresidente, o que alguien en la Policía dio la orden para el movimiento de aviones hacia Rurrenabaque.

Llorenti dio la orden

El presidente de la Subcentral del TIPNIS Fernando Vargas denunció el 28 de enero de 2013 que con la inspección ocular de un grupo de fiscales a Chaparina se pretende cerrar el caso de flagrante violación a los Derechos Humanos. “Está llegando a Rurrenabaque una comisión de seis fiscales para trasladarse a Chaparina donde realizarán una inspección ocular, pese a que esa figura no corresponde porque lo que deberían hacer es una reconstrucción de todo lo sucedido y los abusos que sufrimos. Luego los fiscales seguramente harán un informe y con eso pretenden cerrar obrados”, dijo el dirigente indígena.

Vargas informó que pese a ser uno de decenas de afectados por la violación de los Derechos Humanos por parte de fuerzas policiales, en ningún momento no fue notificado formalmente para participar en la inspección ocular a realizarse este martes en Chaparina. “A pesar que no fui notificado, igual vamos a estar (en Chaparina) junto a 40 indígenas para observar qué es lo que hacen y qué pretenden los fiscales con la inspección porque no vamos a permitir que este caso se cierre hasta que los responsables paguen sus culpas”, explicó.

Ante la intención de cerrar el caso Chaparina, Vargas hizo un llamado a las autoridades benianas y del el país para que hagan un seguimiento del caso y puedan apoyarles para que se esclarezcan los hechos donde participaron autoridades policiales y del gobierno central. Adelantó que en caso de cerrarse el caso, las víctimas de la represión policial del 25 de septiembre de 2011 asumirán diferentes acciones que no quiso adelantar pero que en ningún momento permitirán que el tema sea archivado.

“En la inspección se ha establecido de manera contundente que la orden (de reprimir a los indígenas) la dio el señor Sacha Llorenti, eso lo dijo el señor Óscar Muñoz Colodro”, informó la abogada del Movimiento sin Miedo (MSM) Aida Camacho, quien participó en la inspección fiscal que se realizó entre las 11:00 y las 16:30 horas del miércoles 30 de enero de 2013.

En un contacto telefónico con la Red Erbol, Camacho reveló que “Muñoz Colodro nos hizo conocer que nunca se rompió la cadena de mando y que el que dio la orden a través de (Marcos) Farfán (ex viceministro de Gobierno) fue el señor Llorenti”.

Camacho añadió que según Muñoz Colodro, aproximadamente a las 15:00 del domingo 25 de septiembre de 2011, éste habría llamado por teléfono a Farfán para comunicarle que habían presentado problemas con la VIII Marcha indígena y recibió como respuesta que le informaría del tema a Llorenti y que espere una nueva comunicación telefónica.

“Al poco tiempo, Farfán llamó a Muñoz y le dijo que proceda con la intervención a la marcha”, sostuvo la jurista. Es más, en plena represión a los indígenas, Llorenti llamó a Villegas para conocer el estado de situación del operativo y éste le pasó el aparato telefónico a Muñoz Colodro, quien informó al exministro de Gobierno del operativo y no recibió en ningún momento una contraorden para frenar la represión.

La revelación en el caso Chaparina –según la abogada- se sustenta también en comunicaciones telefónicas que mantuvieron el ex ministro Llorenti con Muñoz Colodro, a través de Boris Villegas, ex director de Régimen Interior y actualmente recluido en la cárcel de Palmasola por el caso de la red de extorsión, y el ex viceministro Farfán. “Boris Villegas es el enlace entre el señor Llorenti y los generales que se encontraban a cargo de esta arremetida contra los indígenas que marchaban en defensa de su territorio”, precisó Camacho.

Por otra parte, Camacho señaló que por declaraciones de los jefes policiales que participaron en la inspección fiscal, se confirmó la hipótesis que manejaba el MSM en sentido de que fueron miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el narcotráfico quienes protagonizaron el operativo represivo en Chaparina y no solamente policías llevados a esa parte del Beni para impedir el avance de la VIII Marcha Indígena.

“No fue la Policía la que hizo el acto de represión, fueron las Fuerzas de Tarea Conjunta que estuvieron a cargo, es decir que estuvieron los policías y los militares involucrados como si se tratara de un asalto al narcotráfico; la torpeza y la violación a los Derechos Humanos no fue sólo de parte de los policías”, explicó Camacho.

Para la jurista, la participación de la Fuerza de Tarea Conjunta muestra que no sólo hubo orden del entonces Ministro de Gobierno, sino de otros ministros a cargo de las Fuerzas Armadas, ya que de lo contrario los efectivos militares no hubieran actuado en Chaparina el 25 de septiembre de 2011.

MSM: El Fiscal General propicia un encubrimiento cómplice de los hechos e implicados

El MSM presentó el 27 de septiembre de 2011 ante el Ministerio Público una doble demanda penal por la violación a los Derechos Humanos a los indígenas de la VIII marcha en defensa del TIPNIS y por el supuesto sobreprecio en los contratos de construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Hasta el momento fue imputado el ex subcomandante de la Policía Nacional general Oscar Muñoz Colodro, quien guarda detención domiciliaria.

Mientras que otros denunciados como el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti fue premiado por el gobierno con el cargo de embajador de Bolivia ante la ONU. Similar situación ocurrió con el ex director nacional de Inteligencia y ex comandante de la Policía Víctor Maldonado.

Por la falta de cumplimiento a las normas judiciales el MSM denunció a la comisión de fiscales a cargo del caso Chaparina, Patricia Santos y José Ponce, por hacer excluido del caso a Llorenti. Los denunciados se acogieron al derecho del silencio y decidieron no prestar declaraciones.

La abogada del MSM Aida Camacho denunció que el fiscal General del Estado Ramiro Guerrero estaría propiciando un encubrimiento cómplice de los hechos y los principales implicados en el caso Chaparina porque hasta el momento no se registran avances en el proceso investigativo para dar con los responsables de la violación de los Derechos Humanos por la violenta represión policial.

“Como quiera que están involucrados Sacha Llorenti y otros funcionarios y ex funcionarios de gobierno el señor Fiscal General (Ramiro Guerrero) no se ha pronunciado y está propiciando un encubrimiento cómplice a las acciones y los hechos delictivos denunciados contra Sacha Llorenti y otros y hasta el momento no hemos obtenido respuestas”, criticó.

Explicó que desde que fue posesionado el nuevo Fiscal, el 23 de octubre de 2012, el MSM presentó al menos cuatro memoriales para que se realicen las gestiones necesarias que permitan la continuidad del proceso de investigación del caso Chaparina pero hasta la fecha Guerrero no se ha pronunciado sobre el tema.

“Estos memoriales que han sido enviados en forma reiterativa y sistemática no han tenido ninguna respuesta hasta el día de hoy. El último memorial que ha sido enviado a la ciudad de Sucre ha sido el 31 de diciembre y no hemos tenido tampoco respuesta alguna”, explicó la abogada.

Tras la revelación del ex subcomandante Muñoz Colodro, la abogada del MSM opinó que el fiscal general del Estado Ramiro Guerrero debe revocar la exclusión del ahora Embajador en la ONU para que sea imputado por violación a los Derechos Humanos.

“Sacha Llorenti debe regresar al país y ser procesado porque fue quien dio la orden para la intervención y todo el tiempo estuvo informado, no sólo las cuatro horas que duró la violación de los Derechos Humanos de los indígenas, sino hasta el día siguiente, cuando los marchistas fueron trasladados hasta Rurrenabaque”, afirmó Camacho.

La abogada recordó que la comisión de fiscales del caso Chaparina excluyó a Llorenti y el ahora fiscal de Distrito José Ángel Ponce no puede revocar esa decisión porque él formaba parte de la comisión investigadora, por lo que el Fiscal General del Estado debe asumir esa tarea y la comisión de fiscales debería proceder a la imputación del ex ministro de Gobierno por delitos de lesa humanidad.