Jueces lideran el primer desalojo de un asentamiento en Tarija (El Nacional,18/10/2012)
REDACCIÓN CENTRAL/EL NACIONAL
Algo se mueve en Tarija, tras las diferentes manifestaciones y repulsas de diferentes sectores (Federación de Campesinos, Central Obrera, Empresarios Privados y Comité Cívico) contra los avasallamientos de tierras, en horas de la mañana de ayer se registró el primer desalojo de un asentamiento por orden judicial en Tarija. Unas quince familias que ocupaban un sector del asentamiento Eucalipto, en una fracción de Aranjuez, fueron “invitadas” por las fuerzas policiales a abandonar el lugar.
El operativo se realizó a las 09.30, la orden judicial estaba firmada por los vocales Heidy Calderón y Adolfo Iraola, quienes son los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, quienes dieron el visto bueno para quela Policíaactúe, incluso utilizando la fuerza pública en caso de ser necesario.
Durante el desalojo, se registraron hechos violentos, manoseos y lanzamientos de piedras hacia la policía. Dos mujeres fueron aprehendidas, Marcela Villca y Giovana Abán Villca.
Entre agresiones físicas y verbales, la policía avanzó con el operativo, retirando las pertenencias de los asentados y las carpas instaladas en el lugar. La maquinaria pesada que acompañaba a los efectivos policiales dio tiempo al “propietario” de la única edificación de ladrillo del perímetro a desmontar. También se levantó una alambrada con estacas en la zona privada para salvaguardar la propiedad privada.
“Nos están sacando de nuestros terrenos”, decía una de las asentadas quien aseguraba que habían comprado el terreno a la familia Villca, desconociendo a la legítima propietaria.
La propietaria del terreno y la abogada Marisol Serrano fueron amenazadas por los asentados luego del desalojo del terreno, quienes a pesar de ello indican que continuarán con el proceso para que se respete la propiedad privada.
“Fuimos amenazadas y estoy muy preocupada por ello, sólo estamos aquí para hacer cumplir una resolución—dijo Serrano—ahora lo que corresponde es amurallar el lugar y pedir a estas personas respeten la propiedad”.
El marco legal
La denuncia fue interpuesta por particulares. El notario de fe pública, Manuel Villarroel, explicó que la propietaria original es María Danitza Flores Quispe, quién tiene más de12.500 metrosque habrían sido tomados ilegalmente por los asentados.
“Existe una orden judicial y está siendo cumplida porla Policía, para desalojar a todas estas personas–dijo Villarroel– lo que se está haciendo es retirarlos de este bien privado”.
La vivienda está ubicada hacia el norte de la zona de Aranjuez, tiene colindancia con los bienes de Josefa Wagner y Andrés Higueras. En la zona hay numerosos asentamientos divididos de acuerdo a afinidades.
El vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Walter Mur, indicó que según el Código de Procedimiento penal, los avasallamientos tipificados como delito de despojo en la norma tiene una pena de 6 meses a 4 años de cárcel.
Por su parte, el coronel de la policía, Arturo Ramírez, al mando de la operación, advirtió que las penas en caso de reincidencia son mucho más duras al tiempo de confirmar que la zona no será resguardada.
LOS DATOS.-
– Unas quince familias asentadas fueron desalojadas de predios privados en la zona de Aranjuez
– El delito de despojo está penado con entre 6 meses y cuatro años, se agrava en caso de reincidencia
¿Se hará con todos los asentamientos?
Conocida la noticia de que las fuerzas del orden estaban llevando a cabo el primer desalojo de un asentamiento en Tarija, no tardaron en comparecer en la Plaza Luis de Fuentes los promotores del Comité en Defensa de la Propiedad Privada, Tamer Medina y Luis Fernando Ortíz.
Medina pronto lanzó el reto a la alcaldía, preguntándose “¿Se hará con todos los asentamientos?”, Ortíz, por su parte tendió la mano a los damnificados por el desalojo invitándoles a conversar para esclarecer las responsabilidades de los intermediarios.
Ramiro Burgos, líder del Movimiento de Gente Sin Techo en Tarija y asambleísta del Movimiento Al Socialismo, en entrevista previa al desalojo en el programa Buenos Días de Plus TV advirtió que el problema real es la dificultad de acceder a una vivienda por parte de la gente, y mientras eso no se solucione el problema seguirá latente.
Con posterioridad al hecho, ningún dirigente de los asentamientos o afines emitió comunicado público alguno.
