Carlos Romero: «Fallamos al firmar acuerdos con un solo grupo del Tipnis» (El Deber, 2.7.2012)
Tuvo a su cargo los dos conflictos que marcaron las últimas semanas. En el caso del Tipnis, admite que se falló tanto en las negociaciones como en la definición de intangibilidad. Insiste en que hubo un plan para desestabilizar al Gobierno y cita supuestas llamadas y reuniones; no da pruebas
Pablo Ortiz. La Paz
Carlos Romero está sentado en su oficina de la avenida Arce de La Paz, vestido como para ir a un matrimonio. Tiene un traje gris oscuro combinado con una camisa y corbata rosada. Su prolijidad contrasta con su cara de cansancio. No ha dormido bien en las últimas dos semanas. Primero fue el conflicto por la mina Colquiri y después se le amotinó la Policía, que depende del Ministerio de Gobierno, un cargo que rechazó al principio, pero luego aceptó y que, admite, aún está conociendo.
El hombre comodín del Gobierno (ya pasó por la negociación de la Constitución y por las carteras de Autonomía, Presidencia y Gobierno) insiste en que hubo un plan para un golpe de Estado. Y también se refiere a las demandas de la marcha indígena por el Tipnis.
– Ahora la marcha está en La Paz, ¿por qué no se quiere dialogar con sus representantes?
– (Romero se para y dibuja el Tipnis sobre una pizarra, ubicando al Isiboro a la derecha, el Sécure a la izquierda y el Conisur abajo). Porque hay diferentes sectores. Una hipótesis es que los que no quieren carretera son los de acá (señala a los del Isiboro) y que los que la quieren están en el área de influencia del camino. Una hipótesis es que estos (los del Isiboro) quieren que el camino bordee el Tipnis. Otra hipótesis es que hay una fractura entre las dos subcentrales (Sécure y Tipnis) desde el conflicto por la madera en el 2000. Por el lado del Sécure, sus vecinos son los del Territorio Indígena Chimán (TICH) y han desarrollado negocios madereros.
– Por su parte, el Conisur ha abandonado el cabildo para dar lugar a sindicatos de cocaleros…
– Hubo penetración de colonos que han formado familias con yuracarés. Lo que quiero decir es que el Tipnis tiene esta realidad fragmentada en los tres bloques. Tenemos que resolver el problema con los tres. El año pasado cometimos un error al llegar a un acuerdo solo con el grupo de Fernando Vargas (los de la octava marcha y la ley 180 de Intangibilidad del Tipnis) y este año cometimos otro error al llegar a otro acuerdo solo con el grupo de Gumercindo Pradel (los del Conisur y la ley 222 de Consulta de la carretera). Además, entre los corregidores hay 44 de 63 que están a favor de la consulta. Si trabajáramos en un tema de correlación de fuerza, esto ya estaría solucionado.
– El problema es la legitimidad de los 44 y de los otros 19. Hay denuncias de paralelismos y pérdidas de autoridad de uno y de otro lado.
– De acuerdo. Lo que pasa es que el corregidor no expresa necesariamente el criterio de la comunidad. La comunidad puede estar dividida.
– Y eso no solo está pasando en el Tipnis, sino en casi todas las regionales indígenas.
– Sí, es cierto, pero eso sucede por una crisis dirigencial del movimiento indígena.
– ¿Qué cree que origina esa crisis?
– Errores que hemos cometidos las ONG, la penetración de actores locales, negocios, la imposibilidad de haber generado una propuesta de gestión territorial seria, por parte nuestra y de la ONG. Pero bueno, hay muchos de los que están marchando que nos han buscado y de repente no hubo quién les canalice sus proyectos y por eso protestan.
– ¿En algunos casos muchos de lo que están de lado del Gobierno se han acercado por la promesa de manejar proyectos turísticos y de saurios?
– Claro, precisamente, hay un error que advertí el día que el presidente decide observar la ley sancionada antes de acordar con la octava marcha, era una ley de consulta. Le dije que la intangibilidad iba a profundizar el conflicto y lo iba a patear hacia adelante. Era una locura. Hemos declarado intangible todo el Tipnis. Los del Conisur se nos querían sublevar cuando hemos ampliado el plazo de la consulta. Ese fue el grave error que cometió la anterior marcha.
– ¿Qué se debió declarar intangible?
– Digamos la zona núcleo. La intangibilidad debe estar zonificada.
– La carretera bioceánica pasa cerca del área de influencia de dos parques nacionales y se necesitaron 17 millones de dólares para la preservación ambiental. ¿Cuánto se necesitarían para construir una vía a través del Tipnis?
– La información que tenemos es que cada kilómetro de carretera afectará a tres hectáreas de bosque. Lo que creo que debería hacerse en paralelo es una revisión del impacto ambiental y la compensación. Lo que se está haciendo ahora es simplemente retomar el diálogo con los pueblos indígenas y el Tipnis, pero un Gobierno que impulsa un Estado Plurinacional no puede conformarse con algunos proyectitos administrativos a favor de algunos movimientos indígenas para que apoyen la construcción de una carretera.
– En lo que están de acuerdo los del Isiboro y los del Sécure es que los de Conisur no deben participar de la consulta, porque en el saneamiento de tierra fueron terceros, es decir, no indígenas.
– En estricto sentido, si aplicamos el Convenio 169, los sujetos de la consulta son los que están alrededor del diseño de la carretera y ahí entran los del Conisur y las comunidades del centro del Tipnis. Hay tres niveles de diálogo, uno es con los involucrados directamente con la construcción del camino. Un segundo nivel es con los del Conisur, que son parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Hay otro Conisur que no son titulares del territorio, pero tampoco son colonos.
También hay que dialogar con los que no están cerca del camino, porque la consulta es un derecho fundante, es decir, hace nacer otros derechos. Estamos ante la posibilidad de un proceso que será histórico. La consulta por el Tipnis será la primera en serio que se haga en Bolivia. Y gestión territorial como propuesta, como plan de vida, no existe en ninguno de los territorios.
– Ahora pasemos a la crisis policial. ¿No cree que el detonante fue el nombramiento del comandante Maldonado, por ser un ‘asimilado’ y no un egresado de la academia policial?
– Yo creo que el origen de la crisis son las condiciones materiales de la Policía.
– Pero ¿no fue el detonante la molestia por Maldonado?
– El nombramiento de Maldonado ha generado malestar a nivel jerárquico.
– ¿No así a nivel de tropa?
– No. A nivel de tropa, Maldonado tiene una buena relación. El primer problema que tenemos es la carrera de generalato. Es una modificación de las reglas del juego del ascenso que se hace al finalizar 2011 y que se aplica este año. Notamos que genera un malestar porque no fue difundido el procedimiento. Se produce una suerte de crisis, que se profundiza con el nombramiento de un comandante interino. Hay nomás un celo en lo que consideran una ruptura institucional, aunque jurídicamente el comandante está habilitado. Una disposición transitoria permite calificar en la carrera de ascenso, pero en la Policía hay una suerte de criterio discriminatorio y esto es un factor que contribuye a la crisis.
– Llamó la atención que se trató de la huelga de un grupo corporativo que maneja armas, pero no se pegó ni un tiro…
– Lo que pasa es que ahí hicimos muchas gestiones para aislar el conflicto policial del escenario de conflicto que podría generarse con la llegada de la marcha de la Cidob, porque en nuestro país la oposición política sabe que el expediente más acertado para provocar una desestabilización del Gobierno es provocar una crisis del orden institucional.
Por eso, en las movilizaciones sociales se ha infiltrado gente buscando violencia; pasó con los discapacitados. Una Policía movilizada, con un sector exaltado como el de la UTOP, nos ponía en riesgo de que se dispare un arma desde algún lado y eso provoque una reacción mayor. Ese es el escenario, que lo hemos calificado como de golpe. Eso nos llevó a movilizar sectores sociales afines al Gobierno, pero no para enfrentar a la Policía ni a la marcha de la Cidob.
– Entonces fue una demostración de fuerza…
– Fue una demostración simbólica de que había sectores que podían asumir funciones de seguridad ciudadana. En segundo lugar, saludo la decisión de la marcha que paró en Urujara para no ingresar el martes y así evitar que el escenario en La Paz se torne violento.
– ¿Cómo surge esto del plan Tipnis?
– El Estado tiene informes de comunicaciones radiales. Por un lado, se calculaba que el Gobierno iba a movilizar sectores sociales, básicamente, ponchos rojos. En la comunicación radial se dice que los ‘ponchos rojos vendrán y habrá que perseguirlos y derrotarlos para evitar que otros sectores se sumen’. Luego se menciona que ‘había que sincronizar la movilización policial con la del Tipnis, porque podría lograr la adhesión de otros sectores de clase media’. Dicen que es una movilización que podía jalar masas. Creían que se iban a sumar otros sectores movilizados y que el Gobierno podía quedar al borde de su propia desestabilización.
– ¿Se tienen indicios de comunicación entre la Policía o los articuladores del supuesto golpe con la marcha?
– Tenemos fotografías en las cuales Guadalupe Cárdenas (la presidenta de las esposas de policías) visita las vigilias que apoyan la marcha en la plaza San Francisco.
– ¿Ella fue el nexo?
– Tuvo contactos. La Policía tiene una diferencia con relación a las Fuerzas Armadas que es una ventaja. Ha aprendido a dialogar con las organizaciones sociales, hay un nivel de Policía Comunitaria que está en contacto con las organizaciones y entiende su lógica.
– Si Cárdenas estuvo en esos intentos, ¿por qué se la mantuvo como interlocutora en el conflicto policial?
-Cuando se declaran en emergencia, el viceministro de Régimen Interior les ofrece diálogo. Levantan la huelga, se dirigen al Viceministerio e instalan la huelga. Salen bajo la promesa de que yo las iba a recibir. Las escucho, pero esto provoca la molestia de Anssclapol, que dicen ser los verdaderos representantes. Aparecemos en un lío interno que no sabemos si era real o ficticio. Hemos aprendido que si bien la Policía es muy vertical, también es muy atomizada en sus dinámicas internas. No hemos vetado a nadie porque respetamos sus decisiones de representación.
– ¿Quiénes son los actores políticos que articularon el supuesto golpe?
– Me han pasado varios nombres, pero solo puedo dar el del señor Soraide, de Unidad Nacional. Hubo actores políticos que sostuvieron reuniones el día del motín policial. Hubo una reunión política en la casa de Juan del Granado, que duró siete horas. Algunos de esos actores estaban apoyando la marcha indígena o participando de la marcha, aunque no eran indígenas.
– ¿De ahí surge el Plan Tipnis, de estos actores no indígenas que participan en la marcha?
– Se lo menciona así en estas comunicaciones: “Hay que aplicar el plan Tipnis”.
– Esta es la segunda denuncia gubernamental de intento de golpe, la primera fue el golpe cívico prefectural que ni se lo investigó, ¿quedará igual esta denuncia?
– Debería esclarecerse. Esas comunicaciones radiales y los nombres que se mencionan son un punto de partida. Si hubo esto es necesario desactivarlo. Y si no hubo, si fue un montaje, es necesario decirlo por el crédito del Gobierno.
– En esa reunión en la casa de Juan del Granado y en la que había actores de la marcha que no eran indígenas, ¿participaron excolegas suyos? (compartió trabajo en la ONG Cejis y en el Gobierno con personas que hoy apoyan la marcha)
– Por la información que tengo, sí.