Gobierno del MAS pone trabas al diálogo, cuestiona a dirigentes de la IX marcha (Erbol, 28-06-12) )
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló este jueves que el presidente Evo Morales no dialogará con los dirigentes de la IX marcha indígena del Tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) por estar implicados en “actos delictivos” de narcotráfico y tráfico de madera.
Dijo que el diálogo sólo se realizará con los corregidores de los cuales “sólo dos”, agregó, llegaron con la IX marcha. Afirmó que el protocolo de post consulta ya fue aprobado y que ninguna movilización frenará el proceso, que busca construir una carretera por medio del Tipnis.
“La consulta a sido declarada constitucional en la ley 222 (…) constitucionalidad condicionada en el sentido que debe ser concertada en su procedimiento de implementación, y ese protocolo reglamentado ya ha sido concertado y aprobado con los corregimientos del Tipnis”, apuntó.
“Si hay elementos que todavía hay que revisar, que los corregidores definan”, señaló Romero en conferencia de prensa.
El funcionario público agregó que el protocolo de consulta ha sido objeto de trabajos y aprobaciones “constado en documentos notariados”. “El protocolo ha sido consensuado por cerca de dos tercios de los corregidores del Tipnis”, aseveró.
Respecto a los dirigentes de la IX marcha, dijo que sería un mal precedente para el país y a nivel internacional, que el gobierno negocie con una persona que ha estado en la cárcel por tráfico de drogas, en referencia a la presidenta de la marcha, Bertha Bejarano.
“Lamentablemente la dirigente Bertha Bejarano ha sido detenida por tráfico de drogas, ha sido sentenciada y condenada (…) imagínense ustedes que el presidente Evo Morales vaya a sentarse con una persona de estas características, estaríamos sujetos a una serie de problemas a nivel de la comunidad internacional”, sostuvo.
Del mismo modo señaló que Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), está implicado en tráfico de madera y que existen “pruebas concretas y contundentes”. Sin embargo, el gobierno hasta el momento presentó cargos por todas las “acusaciones” declaradas a los medios de comunicación, situación que los aludidos consideran parte de una campaña de desprestigio del gobierno.
La Paz, 28 junio 2012
