Caso escuchas: Gobierno dice que no existe privacidad para personas que asumen cargos públicos (Los Tiempos, 10-05-12)
Por Anf – Agencia – 10/05/2012
LA PAZ |
La ministra de Comunicación Amanda Dávila, dijo este miércoles que cuando una autoridad asume un cargo público, la privacidad de sus conversaciones sólo queda en casa, haciendo referencia a la última denuncia realizada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en contra de la diputada Marcela Revollo (MSM), quien la acusó de financiar la novena marcha indígena en defensa del Tipnis.
En conferencia de prensa, Dávila dijo que las acusaciones sobre una supuesta persecución política por parte de la diputada Revollo son infundadas, descartando de esta manera que se hayan introducido grabadoras en su oficina.
«Creo que cuando una persona asume un cargo público, la privacidad solamente se queda en la casa, fuera de la casa cualquier tipo de escenario es público y una autoridad tiene que saber eso y sobre todo cuando no estamos hablando de cosas que tienen que ver con nuestra familia, sino estamos hablando como hace la diputada Revollo, acerca de temas que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con movilizaciones que en este momento se están llevando a cabo, cuando tiene que ver con intentos de soborno a dirigentes indígenas», dijo Dávila en Palacio Quemado.
Asimismo, la autoridad señaló que las grabaciones que la involucran en una supuesta conversación con un dirigente indígena y que llegaron anónimamente a oficinas del ministro Romero, son de conocimiento público.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero presentó en los pasados días una grabación de una llamada telefónica en la que, presuntamente, la diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Marcela Revollo conversa con dirigentes indígenas de la IX marca en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) en la que además ofrecería recursos económicos.
Por su parte, Revollo, anunció el miércoles que presentó una querella penal ante el Ministerio Público en contra del Ministro de Gobierno Carlos Romero, para que revele como obtuvo las grabaciones que la implicarían en esa conversación.
Asimismo, haciendo referencia al supuesto financiamiento que denuncia el ministro Romero, explicó que se trataría de la venta de tarjetas que cuestan 5 bolivianos y que son distribuidas en todo el país, en busca de ayudar con víveres a la novena marcha.
